LA PAZ, 21 may (El Libre Observador) — Bolivia comienza a parecer un país cercado por sus propias carreteras. En el altiplano, largas filas de camiones permanecen inmóviles bajo temperaturas heladas. En las estaciones de servicio de La Paz y El Alto, conductores esperan durante horas para conseguir combustible. En hospitales, médicos alertan sobre la falta de oxígeno y medicamentos. Y en el centro político del país, el Gobierno intenta contener una crisis que dejó de ser sectorial y amenaza con transformarse en un conflicto nacional de consecuencias imprevisibles.
Hasta la tarde de este jueves, Bolivia registró bloqueos activos en siete de sus nueve departamentos y al menos 54 puntos de corte en las principales rutas del país, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras.
La protesta, que ya cumple tres semanas, afecta principalmente a Oruro, La Paz, Cochabamba y Potosí, aunque también se extiende hacia Santa Cruz, Pando y Chuquisaca. Solo Beni y Tarija mantienen circulación normal.
Las cifras revelan la magnitud del conflicto, pero no alcanzan a describir la sensación que domina las ciudades del occidente boliviano con un agotamiento colectivo que mezcla incertidumbre política, temor al desabastecimiento y recuerdos de otras crisis que marcaron la historia reciente del país.
Lo que comenzó semanas atrás como protestas dispersas de campesinos, maestros, mineros y fabriles terminó convergiendo en un movimiento mucho más amplio. A las movilizaciones se sumaron la Central Obrera Boliviana y sectores afines al expresidente Evo Morales. Las demandas económicas iniciales derivaron rápidamente en una presión política directa contra el presidente Rodrigo Paz, cuya renuncia ya forma parte explícita de las consignas de protesta.
En El Alto, ciudad históricamente ligada a las grandes insurrecciones sociales bolivianas, la tensión escaló todavía más tras los operativos policiales y militares desplegados para desbloquear carreteras y permitir el ingreso de alimentos y combustibles hacia La Paz. Las imágenes de militares escoltando cisternas y despejando rutas reactivaron viejas memorias políticas en un país donde las crisis suelen resolverse en las calles antes que en las instituciones.
Este jueves, miles de afiliados de la COB marcharon hacia la plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo, ambas rodeadas por fuertes anillos de seguridad policial y militar. Entre los manifestantes avanzaban mineros y trabajadores fabriles repitiendo una misma consigna: la salida del presidente.
La movilización coincidió con un movimiento político significativo dentro del Gobierno. Mientras las columnas sindicales llegaban al centro paceño, Paz posesionaba a Williams Bascopé como nuevo ministro de Trabajo en reemplazo de Edgar Morales, cuestionado por sectores sindicales que desconocían su representación.
La llegada de Bascopé no pasó inadvertida. El abogado fue candidato a diputado por la alianza Súmate, liderada por Manfred Reyes Villa, y algunos analistas interpretan su incorporación al gabinete como un intento del Gobierno de ampliar alianzas en medio de su creciente fragilidad política.
La presión también aumenta sobre los dirigentes sindicales. El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros 24 dirigentes vinculados a las movilizaciones.
Lejos de desmovilizarse, la amenaza judicial parece haber endurecido el discurso sindical. Un dirigente de la marcha aseguró este jueves que Argollo se encuentra en la clandestinidad, pero advirtió que las protestas continuarán incluso si el Gobierno detiene a más líderes.
La crisis ya golpea con fuerza a la economía. La Cámara Nacional de Industrias calcula pérdidas superiores a 600 millones de dólares y alerta sobre un daño difícil de revertir para el aparato productivo nacional. “Cada día de paralización significa pérdidas millonarias para toda Bolivia”, afirmó su presidente, Gonzalo Morales.
