LA PAZ, 10 dic (El Libre Observador) – En un proceso electoral judicial marcado por irregularidades, los candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han desafiado abiertamente las restricciones legales contra la propaganda proselitista.
Desde las redes sociales, pintadas en paredes hasta empapelados en diferentes regiones bolivianas, estas prácticas han despertado la indignación ciudadana y la promesa de sanciones por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El vocal del TSE, Gustavo Ávila, recordó que la normativa electoral establece una prohibición estricta de realizar campañas. «El proceso está diseñado para evaluar méritos, no para desplegar estrategias políticas. Cualquier violación será sancionada con la inhabilitación del candidato», aseguró.
Uno de los casos ocurrió en la zona de Miraflores, en La Paz, donde el ciudadano Mariano Romanelo Mamani denunció que su vivienda amaneció empapelada con propaganda electoral.
“Quiero saber quién hará la limpieza de mis paredes y quién pagará los daños. Esto no puede quedar sin solución”, reclamó, reflejando el malestar de muchos vecinos afectados.
Este tipo de incidentes no solo genera rechazo social, sino que también pone en tela de juicio la integridad del proceso electoral. Según el TSE, estas prácticas no solo violan la normativa, sino que afectan el principio de igualdad entre los postulantes y distorsionan
SANCIONES EN CAMINO: EL TSE PROMETE FIRMEZA
El TSE ha desplegado equipos técnicos en los tribunales departamentales para monitorear infracciones de manera proactiva y a partir de denuncias ciudadanas. Ávila aseguró que las irregularidades comprobadas, como el uso de vehículos publicitarios, pancartas y pintadas, resultarán en sanciones ejemplares, incluyendo la inhabilitación inmediata de los candidatos responsables.
El proceso sancionatorio incluye una revisión inicial en los tribunales electorales departamentales y, posteriormente, una evaluación definitiva por parte del TSE. Este sistema busca garantizar la transparencia y restaurar la confianza ciudadana en un proceso que ha sido objeto de controversias desde el principio.
El próximo domingo, Bolivia elegirá a 19 de las 26 autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, además del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el fallo del TCP, que suspendió las elecciones en algunas regiones, ha añadido un matiz de incertidumbre al proceso.
En un contexto donde las elecciones judiciales buscan fortalecer la independencia del sistema, las recientes irregularidades subrayan los desafíos de garantizar un proceso limpio y transparente. Mientras tanto, el TSE enfrenta la tarea de demostrar que las sanciones prometidas serán efectivas para preservar la legitimidad de estas elecciones clave.
