LA PAZ, 19 dic (El Libre Observador) — En una medida que marca un nuevo capítulo en la política y justicia bolivianas, el Ministerio Público emitió este jueves una alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales (2006-2019). La decisión, confirmada por el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, se enmarca en un caso que involucra acusaciones de trata y tráfico de personas y estupro.
Del Castillo informó que la Dirección General de Migración registrará la alerta en las próximas horas, con lo que se busca prevenir una eventual salida del país del exmandatario mientras avanzan las investigaciones. Esta acción surge luego de que la fiscalía departamental de Tarija imputara formalmente a Morales y emitiera una orden de aprehensión vinculada a un presunto embarazo de una adolescente de 15 años en 2016, cuando el líder cocalero ejercía como jefe de Estado.
La fiscal departamental Sandra Gutiérrez reveló que, aunque la imputación y el mandamiento de aprehensión fueron formalizados el 16 de octubre, su ejecución no ha sido posible debido a diversas circunstancias, incluidas amenazas contra la seguridad de los funcionarios policiales.
Por su parte, Morales se defendió en un pronunciamiento público, denunciando una «brutal guerra jurídica» o lawfare. Según el exmandatario, estas acciones buscan frenar su candidatura en las elecciones nacionales de 2025 y entregarlo como «trofeo de guerra» a Estados Unidos. Comparó su situación con la de otros líderes de izquierda en América Latina y alegó que se están vulnerando sus derechos constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso.
El caso ha generado reacciones polarizadas en Bolivia. Vicente Choque, secretario político de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, advirtió que una eventual detención de Morales podría desencadenar graves enfrentamientos. «Correrá sangre», afirmó, al tiempo que destacó que el expresidente cuenta con un dispositivo de seguridad de élite y vigilias para su protección.
Mientras tanto, el ministro Del Castillo aseguró que la Policía cumplirá con las disposiciones judiciales. «La Policía Boliviana no delibera, cumple y hace cumplir la Constitución», sentenció.
Morales, quien no ha salido del trópico de Cochabamba en semanas, enfrenta un momento crítico en su carrera política. La caída en desgracia del exmandatario, quien gobernó Bolivia durante casi 14 años, pone en evidencia las tensiones entre su legado y las acusaciones que hoy pesan sobre él.
El caso de trata de personas, sumado a la creciente presión política y social, plantea interrogantes sobre el futuro del líder cocalero y sus aspiraciones políticas en un país marcado por profundas divisiones. La atención ahora recae sobre la capacidad del sistema judicial boliviano para abordar este caso con transparencia y justicia, mientras la incertidumbre sigue dominando el panorama nacional.
