LA PAZ, 3 dic (El Libre Observador) – El presidente boliviano, Luis Arce, calificó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada como un mensaje categórico de que la impunidad no tiene cabida en Bolivia. «No habrá perdón para quienes vulneren nuestra soberanía, intereses y patrimonio. Este fallo refuerza nuestra lucha por la justicia y la soberanía», afirmó Arce en un comunicado divulgado este martes.
El fallo, que llegó 19 años después del inicio del proceso, condena en ausencia a Sánchez de Lozada y a tres de sus exministros –Jorge Berindoague Alcocer, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López– por el denominado caso «petrocontratos». Estos acuerdos, firmados durante su mandato, habrían permitido concesiones lesivas al interés nacional en la explotación de recursos hidrocarburíferos.
El TSJ emitió su veredicto desde Sucre el lunes por la noche, en una decisión dividida que se tornó histórica tanto por el tiempo transcurrido como por la complejidad del caso. Sánchez de Lozada, conocido como «Goni», ha residido en Estados Unidos desde que huyó de Bolivia en octubre de 2003, tras la crisis de la «Guerra del Gas», y no estuvo presente durante el juicio.
La sentencia representa un duro golpe para quienes defienden la transparencia y la justicia, pero también pone en evidencia la lentitud del sistema judicial boliviano. «Este caso se convierte en un símbolo de la necesidad de acelerar los procesos y garantizar que ningún crimen quede sin castigo, sin importar cuánto tiempo pase», señalaron analistas políticos locales.
IMPLICACIONES POLÍTICAS Y EL MENSAJE A EVO
El pronunciamiento de Arce también dejó entrever un mensaje indirecto hacia su predecesor, Evo Morales, quien enfrenta al menos 15 denuncias judiciales, incluyendo una grave acusación por pedofilia en Tarija. Aunque los casos contra Morales están en etapa investigativa, los críticos del gobierno consideran que podría haber un manto de protección que obstaculice un juicio justo.
Para el oficialismo, la sentencia contra Sánchez de Lozada refuerza su narrativa de que los recursos naturales deben ser defendidos como bienes del pueblo. Sin embargo, la oposición sostiene que este fallo también debería ser un punto de partida para abordar otras denuncias de alto perfil que comprometen la credibilidad de figuras del Movimiento al Socialismo (MAS).
El caso «petrocontratos» refleja cómo las decisiones tomadas por gobiernos anteriores marcaron un antes y un después en la administración de los hidrocarburos. En 2006, el gobierno de Evo Morales nacionalizó el sector, revirtiendo las concesiones otorgadas durante el mandato de Sánchez de Lozada. Según datos oficiales, desde entonces Bolivia ha recibido más de 40.000 millones de dólares en ingresos por hidrocarburos.
La sentencia busca reivindicar ese modelo al condenar decisiones que, según el fallo, priorizaron intereses privados sobre los nacionales. «Es un recordatorio de que los recursos del país son sagrados y su explotación debe responder a los intereses de la mayoría», afirmó el politólogo Jaime Morales.
UN PRECEDENTE PARA LA JUSTICIA
La sentencia contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores establece un precedente en Bolivia, donde las condenas a exmandatarios han sido raras y los procesos suelen extenderse por años. Aunque los acusados no podrán ser encarcelados por encontrarse fuera del país, el fallo representa un triunfo simbólico en la lucha contra la impunidad.
La expectativa ahora recae sobre cómo este caso impactará otras investigaciones pendientes y si marcará un cambio en la dinámica de la justicia boliviana. «La ciudadanía necesita recuperar la confianza en el sistema judicial. Este caso puede ser el inicio de un proceso de reconstrucción institucional», concluyó un experto en derecho penal consultado por este medio.
