LA PAZ, 26 mar (El Libre Observador) – Bolivia enfrenta una de las peores crisis climáticas de su historia reciente. La declaración de emergencia nacional, anunciada por el presidente Luis Arce este miércoles, responde al impacto catastrófico de lluvias torrenciales y desbordes de ríos que han golpeado a los nueve departamentos del país, dejando a más de 378.000 familias afectadas, decenas de muertos y pérdidas económicas millonarias.
La medida permitirá al Gobierno acelerar la compra de suministros de emergencia, coordinar asistencia humanitaria y gestionar financiamiento internacional para hacer frente a la tragedia.
Según el mandatario, las precipitaciones registradas en los últimos meses “no se habían dado en 40 años”, una situación que ha agravado la vulnerabilidad de comunidades enteras, especialmente en el noreste del país, donde el departamento de Beni ha sido declarado en desastre departamental.
El panorama es alarmante: más de 2.500 viviendas han sido dañadas y al menos 818 quedaron completamente destruidas.
Mientras tanto, las autoridades reportan 51 fallecidos y ocho desaparecidos, cifras que podrían aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate. Municipios enteros se encuentran aislados, con carreteras intransitables y cultivos anegados, lo que agrava la crisis alimentaria en las regiones más golpeadas.
En un esfuerzo por articular una respuesta efectiva, el Ejecutivo ha convocado al Consejo Nacional de Autonomías para coordinar estrategias con gobernaciones y alcaldías. La reconstrucción de viviendas y la recuperación de la infraestructura serán claves en la siguiente fase, una vez que las lluvias den tregua.
El Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología (Senamhi) ha advertido que las precipitaciones continuarán en las próximas semanas, lo que podría complicar aún más la situación.
Mientras tanto, la población afectada enfrenta un desafío titánico para recuperarse de una de las catástrofes climáticas más severas de las últimas décadas en Bolivia.
El Gobierno insiste en que “no dejará solas a las familias afectadas”, pero la magnitud del desastre pone a prueba la capacidad del país para responder a una emergencia de tal envergadura.
Con las aguas, aún cubriendo vastas extensiones del territorio, la incertidumbre persiste sobre el futuro inmediato de miles de bolivianos que lo han perdido todo.
