LA PAZ, 18 sep (El Libre Observador) — El gobierno boliviano salió este jueves a desmarcarse de un controvertido proyecto de ley que plantea suspender al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y prorrogar el mandato del presidente Luis Arce. En un clima político cargado de tensiones y a menos de un mes del histórico balotaje del 19 de octubre, el Ejecutivo aseguró que cumplirá con la Constitución y que la transición se producirá en los plazos establecidos.
“Nosotros, bastante sorprendidos, escuchábamos este proyecto que, la verdad, desconocemos y no tenemos información al respecto. Tengan la certeza de que nunca nos han consultado. El gobierno desconoce ese proyecto de ley”, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, marcando distancia frente a una iniciativa surgida del propio oficialismo.
La propuesta provino del senador Pedro Benjamín Vargas, del Movimiento al Socialismo (MAS), alineado con Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y una de las figuras emergentes en la puja interna del partido. El texto, bautizado como “ley de aplicación gubernativa electoral”, propone suspender a los vocales del TSE por supuesta “pérdida de confianza” y prorrogar el mandato presidencial hasta la posesión de nuevas autoridades.
El planteamiento cayó como un misil en el escenario electoral. La oposición denunció una maniobra para deslegitimar la segunda vuelta, mientras que dentro del propio MAS afín al gobierno se optó por tomar distancia. El Ejecutivo, consciente de la erosión que ha sufrido la credibilidad de las instituciones tras la crisis de 2019 y las tensiones de los últimos años, prefirió blindar la ruta constitucional.
“Respetamos la democracia del pueblo boliviano y la democracia interna del MAS. Hemos recibido la democracia en 2020 y la devolveremos en los plazos establecidos”, subrayó Alcón, recordando que el 8 de noviembre está fijada la entrega del poder al nuevo presidente.
La segunda vuelta, inédita desde la promulgación de la Constitución de 2009, marcará un hito en la historia reciente del país. Bolivia no había necesitado balotajes en casi tres décadas de democracia ininterrumpida, un signo de la hegemonía electoral que hasta ahora habían logrado los distintos gobiernos. El empate técnico de la primera vuelta abrió un capítulo desconocido, cargado de incertidumbre y de ajustes políticos internos.
El Tribunal Supremo Electoral, en el centro de la polémica, reaccionó de inmediato. El vocal Francisco Vargas recordó que cualquier suspensión o extensión de mandato “debe respetar el debido proceso y el marco constitucional vigente” y garantizó que la segunda vuelta se celebrará con las mismas reglas que la primera. El mensaje buscó devolver confianza a un electorado escéptico que todavía recuerda las acusaciones de fraude de 2019, detonantes de la crisis que terminó con la renuncia de Evo Morales.
La sombra de aquella fractura sigue sobrevolando. En el MAS, partido de gobierno desde hace casi dos décadas, coexisten al menos tres corrientes: la que responde a Arce, la que sigue leal a Morales y la que impulsa nuevos liderazgos como el de Andrónico Rodríguez. La iniciativa de prórroga parece más un síntoma de estas disputas internas que un plan real de continuidad presidencial.
Con el balotaje en el horizonte, la administración de Arce intenta proyectar una imagen de estabilidad y compromiso democrático. Para ello, ha convocado a reuniones con los dos binomios en competencia, con el fin de garantizar una transición ordenada y sin sobresaltos. La fotografía de esa entrega, prevista para noviembre, será clave para reforzar la legitimidad de un proceso inédito.
