LA PAZ, 12 ago (El Libre Observador) — En Bolivia, las elecciones del próximo 17 de agosto no solo decidirán autoridades, sino que también podrían sellar la desaparición legal de varios partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplicará, por primera vez de forma estricta e inmediata, la norma que establece la cancelación de la personería jurídica de toda organización política o alianza que no alcance al menos el 3% de los votos válidos a nivel nacional.
La medida, amparada en la Ley de Organizaciones Políticas, busca depurar el sistema de siglas con escaso respaldo ciudadano y, según sus defensores, fortalecer la representación política. “La ley es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Si no se alcanza el 3%, la personalidad jurídica se pierde en el mismo acto”, advirtió el vocal del TSE, Gustavo Ávila, en declaraciones a la prensa.
El umbral del 3% se calcula sobre los votos válidos emitidos, excluyendo blancos y nulos. La sanción, prevista en el artículo 58 de la Ley 1096, se ejecutará apenas concluya el cómputo oficial y se emita el acta final. En 2020, esta disposición no se aplicó debido a una norma transitoria que suspendió sanciones por la excepcionalidad de los comicios celebrados en plena pandemia.
Ahora, el escenario es distinto. La decisión del TSE llega en un momento de fragmentación política y creciente tensión social. La economía boliviana, que durante años fue impulsada por la renta gasífera, enfrenta una desaceleración marcada por el agotamiento de reservas y la creciente dependencia de la importación de combustibles. En este contexto, los partidos buscan capitalizar el descontento ciudadano, pero la dispersión del voto amenaza con dejar a varias siglas fuera del juego político.
Encuestas recientes sitúan en la cuerda floja a fuerzas como Acción Democrática Nacionalista (ADN), Fuerza del Pueblo e incluso al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en algunas regiones. La posible desaparición legal de estas organizaciones reconfiguraría el mapa político boliviano, reduciendo el número de competidores en futuros comicios y obligando a muchos a pactar alianzas para sobrevivir.
La reforma tiene antecedentes en otros países de la región —como Perú, Ecuador o México— donde existen umbrales mínimos para conservar el registro partidario. Sin embargo, en el caso boliviano, el efecto podría ser más contundente debido a la menor institucionalización de su sistema de partidos y a la volatilidad del voto en los últimos años.
Para sus impulsores, la medida es un paso hacia un sistema político más ordenado y representativo. Sus detractores, en cambio, temen que reduzca la pluralidad y concentre el poder en pocas fuerzas, dejando a sectores minoritarios sin voz institucional.
Lo cierto es que, en estas elecciones, la competencia no se limitará a ganar cargos: para muchos partidos, la verdadera batalla será por su supervivencia legal. El 17 de agosto, Bolivia no solo elegirá, también decidirá quién queda —y quién desaparece— del escenario político.
