LA PAZ, 13 may (El Libre Observador) — Después de contribuir en el pliego sectorial de demandas con dos semanas de protestas, marchas indígenas, presión campesina y mercados golpeados por el desabastecimiento, el legislativo boliviano decidió este miércoles dar marcha atrás a una de las leyes controvertidas impulsadas por el senador y empresario Branko Marinkovic y promulgada por el Gobierno de Rodrigo Paz.
La Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la Ley 1720, una norma agraria que permitía convertir pequeñas propiedades rurales en medianas y que terminó convirtiéndose en parte del símbolo de una nueva crisis política y social en Bolivia.
La decisión llegó cuando la tensión comenzaba a desbordar el debate técnico sobre la tierra para transformarse en un conflicto nacional. Los bloqueos se multiplicaban en el altiplano, las ciudades de La Paz y El Alto empezaban a sentir la escasez de alimentos y las movilizaciones ya no pedían únicamente la derogación de la ley: algunos sectores exigían abiertamente la renuncia del presidente.
En Bolivia, la tierra nunca es solo tierra. Es memoria política, identidad indígena, poder económico y disputa territorial. Por eso, la Ley 1720 detonó una reacción mucho más profunda de la que el Gobierno había previsto. Para organizaciones campesinas e indígenas, la norma abría el camino hacia una mayor concentración agraria y favorecía a grandes productores agroindustriales, especialmente del oriente boliviano.
La presión social creció con rapidez. Desde los departamentos amazónicos de Pando y Beni llegaron delegaciones indígenas hasta La Paz, donde instalaron vigilias cerca de la plaza Murillo, el corazón político del país. En paralelo, campesinos y sectores sociales, que aumentaron a sus demandas sectoriales, esta norma derogada para levantar bloqueos en carreteras estratégicas, aislando regiones enteras y elevando el costo político para el Gobierno.
El Ejecutivo defendió inicialmente la norma bajo el argumento de que permitiría dinamizar la economía rural y ampliar oportunidades productivas. Sin embargo, la crisis terminó obligando al oficialismo a retroceder para evitar que el conflicto escalara aún más.
“Queda aprobada la ley”, anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, al confirmar la abrogación definitiva de la norma tras aceptar las modificaciones introducidas previamente por el Senado.
La derogación representa una victoria política para los sectores movilizados, pero también evidencia la fragilidad del equilibrio que intenta sostener el Gobierno de Paz en un país acostumbrado a resolver sus grandes disputas en las calles y carreteras.
Durante los días más tensos del conflicto, los mercados paceños comenzaron a resentir el impacto de los bloqueos. La carne y otros alimentos básicos empezaron a escasear, mientras comerciantes advertían sobre el incremento de precios y la interrupción del suministro desde otras regiones del país.
La crisis también abrió una grieta inesperada dentro de sectores empresariales y cívicos de Santa Cruz, tradicional bastión agroindustrial boliviano. Aunque inicialmente defendían la Ley 1720, terminaron aceptando su derogación ante el temor de que la conflictividad derivara en un escenario de mayor inestabilidad nacional.
“El país no puede estar sometido al capricho de unos cuantos”, afirmó el líder cívico cruceño Stello Cochamanidis, quien pidió al Gobierno desbloquear las carreteras y restablecer el libre tránsito.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) también presionó por una salida rápida al conflicto y alertó sobre los daños económicos provocados por la paralización del transporte y las dificultades para abastecer hospitales y mercados.
Sin embargo, la derogación de la ley no garantiza el final de la crisis. Aunque el Parlamento acordó elaborar en un plazo de 60 días una nueva propuesta consensuada con organizaciones agrarias e indígenas, las movilizaciones de la central de trabajadores, campesinos rurales del occidente, profesores, mineros y otros continúan activas en demanda de la solución a la crisis económica y la renuncia del presidente Paz.
