LA PAZ, 20 nov (El Libre Observador) – El escenario político en Bolivia se tensiona tras las denuncias realizadas por el ministro de Justicia, César Siles, quien denunció al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de cometer tres delitos al promulgar una ley que cesa las funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La normativa, conocida como la ley “antiprórroga” por la oposición, fue firmada por Rodríguez en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Siles calificó el acto como “ilegal, arbitrario e inconstitucional”, argumentando que el TCP había declarado nulos los procedimientos legislativos que dieron origen a la ley.
“Se configuran tres tipos de delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, usurpación de funciones y desobediencia de resoluciones constitucionales, conforme al artículo 179 del Código Penal”, señaló Siles en una conferencia de prensa que marcó el inicio de una nueva pugna entre poderes.
La ley establece que los magistrados deben cesar en sus cargos el 2 de enero de 2024, al finalizar su mandato de seis años. Según el gobierno, esta disposición afecta la estabilidad institucional y viola procedimientos establecidos en la Constitución.
Siles dejó en claro que las acciones de Rodríguez serán remitidas al TCP, que podría determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas.
El ministro advirtió que las dos leyes firmadas el martes no serán publicadas en la Gaceta Oficial del Estado, y que serán devueltas al Tribunal Constitucional para su evaluación. Además, recordó que el TCP tiene potestad para imponer sanciones como multas, remisión de antecedentes a las autoridades competentes o incluso ordenar la intervención de la fuerza pública.
Por otro lado, Siles aseguró que el Ejecutivo no promulgará la ley, ya que considera que su origen es nulo de pleno derecho. El conflicto deja en evidencia las tensiones internas en el sistema político boliviano, donde las diferencias entre el oficialismo y la oposición se reflejan en disputas sobre el control de instituciones clave.
El gobierno no descartó que el caso sea remitido al Ministerio Público, un movimiento que podría ampliar el alcance legal de esta controversia.
