LA PAZ, 20 jun (El Libre Observador) — La madrugada del sábado encontró a Bolivia en movimiento por primera vez en semanas. No fueron los camiones de carga ni los autobuses interdepartamentales los que rompieron la quietud de las carreteras, sino convoyes de policías, militares y maquinaria pesada que comenzaron a avanzar hacia los principales puntos de bloqueo con una misión definida de recuperar las rutas que permanecen cerradas desde hace más de 50 días.
El operativo, ordenado horas después de que el presidente Rodrigo Paz decretara el estado de excepción en todo el país, representa el intento más ambicioso del Gobierno para poner fin a una crisis que ha paralizado gran parte del territorio nacional y que ha convertido a las carreteras en el principal escenario de la disputa política boliviana.
La apuesta oficial es clara. El Ejecutivo asegura que, si los operativos avanzan según lo previsto, la mayor parte de la red vial nacional podría quedar habilitada en las próximas 48 horas. Después de casi dos meses de bloqueos, desabastecimiento intermitente y crecientes pérdidas económicas, el Gobierno busca transmitir la idea de que la normalidad está cerca. Pero sobre el terreno la realidad sigue siendo más compleja.
Desde antes del amanecer, efectivos policiales y militares comenzaron a desplegarse en puentes, accesos y corredores estratégicos que conectan el eje central del país. En varios puntos, la maquinaria de la Administradora Boliviana de Carreteras avanzó para retirar piedras, tierra, escombros y otros obstáculos acumulados durante semanas de protesta.
Las imágenes marcaron un cambio de escenario. Durante casi dos meses, las rutas estuvieron dominadas por manifestantes, barricadas improvisadas y largas filas de vehículos detenidos. Ahora son las fuerzas de seguridad las que intentan recuperar el control de los caminos.
El Gobierno sostiene que la operación es consecuencia directa del fracaso de los últimos esfuerzos de diálogo. Aunque el viernes logró un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), el actor sindical más importante del conflicto, el entendimiento no consiguió desactivar a las organizaciones campesinas que mantienen los bloqueos en el altiplano paceño y en algunas regiones de Cochabamba.
Ese núcleo duro de la protesta sigue siendo el principal desafío para el Ejecutivo.
Mientras los dirigentes de la COB instruyeron levantar las medidas de presión y abrir una nueva etapa de negociación con el Gobierno, las organizaciones campesinas rechazaron la tregua y ratificaron su permanencia en las carreteras. Algunos sectores incluso anunciaron que radicalizarán sus acciones frente a la declaratoria del estado de excepción.
La fractura dentro del movimiento de protesta explica en gran medida la decisión del Gobierno de acelerar la intervención estatal. El Ejecutivo considera que ya agotó las instancias de negociación con los sectores que planteaban reivindicaciones sociales y que ahora enfrenta una resistencia con objetivos políticos más amplios.
Por eso el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, insistió en que el operativo no busca restringir derechos, sino restablecerlos.
“El restablecimiento de las carreteras será gradual, pero esperamos que en las próximas 24 a 48 horas la mayoría de las rutas pueda volver a operar con normalidad”, afirmó.
La declaración refleja el optimismo oficial, aunque también revela la magnitud del desafío. Durante los últimos 50 días, los bloqueos alteraron profundamente la vida cotidiana del país. El transporte de alimentos y combustibles se volvió irregular, los costos logísticos aumentaron y miles de pasajeros quedaron atrapados en terminales o rutas interrumpidas.
Las pérdidas económicas se acumularon a un ritmo que preocupa tanto al sector privado como al propio Gobierno. Organizaciones empresariales calculan daños equivalentes a miles de millones de dólares, mientras industrias, productores agropecuarios y comerciantes denuncian que el conflicto ha comenzado a afectar la supervivencia de numerosas actividades económicas.
Pero más allá de las cifras, la crisis ha dejado una sensación de agotamiento social.
Después de casi dos meses de confrontación, la sociedad boliviana parece dividida entre quienes consideran indispensable restablecer la transitabilidad y quienes ven en los bloqueos la única herramienta de presión capaz de forzar cambios políticos.
Esa tensión se refleja en las propias carreteras. Mientras algunos sectores observan con alivio el avance de policías y militares, otros interpretan la operación como el inicio de una escalada que podría derivar en nuevos enfrentamientos.
Por ahora, el Gobierno apuesta a que la combinación de estado de excepción, acuerdo con la COB y despliegue de las fuerzas de seguridad sea suficiente para recuperar las rutas y reducir la presión sobre una economía golpeada por semanas de paralización.
Sin embargo, el éxito de la estrategia dependerá de algo más que despejar piedras o desmontar barricadas. Dependerá de la capacidad del Estado para evitar que el conflicto se traslade a otros escenarios y de convencer a los sectores más radicales de que el ciclo de bloqueos ha llegado a su límite.
