SANTA CRUZ, 12 jun (El Libre Observador) — En un dramático giro de los acontecimientos, Ismael Marquina, un exoficial de policía y figura cercana al expresidente Evo Morales (2006-2019), encabezó este miércoles una protesta que culminó con el cierre de las válvulas del pozo petrolero Yarará X-2, ubicado en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz.
Esta acción, según reportes de DTV, fue una medida de presión para exigir la aprobación de un crédito de 35 millones de dólares que se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El martes, Marquina, quien tiene un historial controversial, obligó a los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a cerrar las válvulas del pozo, justificando su acción como un último recurso ante lo que describió como una corrupción desenfrenada y la inacción del gobierno.
“Lamentablemente, ¿hasta dónde llega la corrupción? El bloqueo no le ha importado al Gobierno, hemos sido pacientes y ahora están las consecuencias, es responsabilidad del Gobierno”, declaró Marquina, quien también se mostró dispuesto a enfrentarse a la cárcel o incluso a perder su vida por la causa.
El exoficial, que ahora se identifica como dirigente, afirmó que la solución al conflicto está en manos del gobierno y señaló directamente al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, acusándolo de obstaculizar el desarrollo del país. “Nos han visto como ignorantes, están muy equivocados. Están muy pacientes, también la prensa ha sido testigo de todo lo que hemos aguantado”, añadió.
Mientras tanto, el municipio de Yapacaní cumple su sexto día de bloqueo en la ruta Santa Cruz – Cochabamba, exigiendo la construcción de un tramo vial de 30 kilómetros. Esta medida ha impactado gravemente a los transportistas de carga pesada, que urgen una pronta resolución del conflicto.
La acción de Marquina ha suscitado fuertes reacciones en el ámbito político. Ronaldo Cuéllar, diputado del ala arcista del MAS, condenó la acción calificándola de «actitud terrorista» y llamó a la Policía y al Ministerio Público a investigar los hechos.
“No se puede atentar contra la comunidad, contra el pueblo de Yapacaní, no se puede atentar contra la economía del país, con la vida de los pobladores”, declaró Cuéllar, señalando a Evo Morales como el autor intelectual detrás de estas acciones.
Ismael Marquina no es ajeno a la controversia. Exdirigente cocalero y exsargento de la unidad Antinarcóticos del grupo Delta, fue detenido durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez y acusado de organizar grupos de choque en apoyo al Movimiento Al Socialismo (MAS). Tras varios procesos disciplinarios y una baja definitiva de la Policía Boliviana en 2020, Marquina fue liberado ese mismo año, aunque bajo condiciones restrictivas, incluyendo arraigo y fianza económica.
En 2021, Marquina fue nombrado inspector en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi). Su rol actual y su liderazgo en las protestas han vuelto a poner su nombre en el centro del debate político, evidenciando las profundas divisiones y tensiones que persisten en Bolivia.
Esta situación continúa evolucionando y promete mantener al país en vilo, mientras el gobierno y los manifestantes buscan una solución que satisfaga las demandas y estabilice el suministro de recursos esenciales como el petróleo.
