LA PAZ, 8 sep (El Libre Observador) — En Bolivia, la hoja de coca vuelve a crecer donde el Estado intenta poner límites. Los cultivos alcanzaron las 36.400 hectáreas en 2025, según el monitoreo de Naciones Unidas, una superficie que supera en 14.400 hectáreas el máximo permitido por la legislación boliviana y que representa un aumento del 7 % respecto al año anterior.
El dato vuelve a colocar en el centro del debate la capacidad del Estado para controlar una producción que tiene raíces culturales y económicas, pero también una zona de sombra vinculada al narcotráfico.
El informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dibuja un mapa desigual. Mientras los cultivos de los Yungas de La Paz disminuyeron un 4 %, el Trópico de Cochabamba registró un incremento del 4 %. En esa región, una de las principales zonas productoras del país, las plantaciones pasaron de 14.275 a 17.471 hectáreas.
La diferencia entre lo permitido y lo que muestran las imágenes y mediciones del monitoreo es considerable. La Ley General de la Coca establece un límite nacional de 22.000 hectáreas para atender los usos legales y tradicionales de la hoja. La nueva cifra deja al país con una superficie cultivada que rebasa ampliamente ese marco.
El Gobierno reconoce la dimensión del problema. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó los resultados de preocupantes y anunció que la nueva Política Antidroga 2026-2030 buscará revertir la tendencia. El reto, sin embargo, no consiste únicamente en arrancar plantas: también implica intervenir en territorios donde la coca forma parte de la economía local y de una tradición que el propio Estado reconoce y protege.
La representante de la UNODC en Bolivia, Mónica Mendoza, ha planteado el monitoreo como una herramienta para que las autoridades definan sus acciones. El informe estima que la producción potencial de hoja de coca seca al sol llegó a 79.810 toneladas métricas durante 2025.
La cifra adquiere otra dimensión cuando se introduce el narcotráfico en la ecuación. Naciones Unidas calcula, bajo un escenario hipotético en el que toda la hoja disponible se destinara a la elaboración de cocaína, un potencial de hasta 427 toneladas métricas. No se trata, advierte el organismo, de una estimación de la cocaína efectivamente producida, sino de un ejercicio para dimensionar el potencial de la materia prima.
En otro escenario, al descontar las 22.000 hectáreas autorizadas por la legislación boliviana, ese potencial se reduce a 176 toneladas. La diferencia muestra la dificultad de separar en las estadísticas una producción reconocida legalmente de aquella que puede terminar desviándose hacia circuitos ilícitos.
Bolivia ha defendido históricamente la diferencia entre la hoja de coca y la cocaína. La Constitución reconoce la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural y establece que, en su estado natural, no es considerada un estupefaciente. La Ley General de la Coca, promulgada en 2017, regula su producción y fija las superficies autorizadas.
El problema aparece cuando la superficie real deja atrás el límite que el propio Estado estableció. Las 14.400 hectáreas excedentes representan ahora el principal desafío de una política antidroga que el Gobierno de Rodrigo Paz promete reformular.
La cifra de Naciones Unidas deja poco espacio para la ambigüedad: Bolivia no solo mantiene un nivel de cultivos de coca muy por encima del autorizado, sino que registró un nuevo crecimiento en 2025. La respuesta del Ejecutivo definirá si el dato queda como otra estadística anual o se convierte en el punto de partida de una nueva estrategia contra la expansión de los cultivos excedentarios y su posible conexión con el narcotráfico.
