LA PAZ, 29 may (El Libre Observador) – Un nuevo capítulo se escribe en el polémico caso Zapata, que salpicó la imagen del expresidente boliviano Evo Morales. Tras la absolución de Gabriela Zapata y otros acusados por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa, cuatro de ellos ahora buscan resarcimiento económico por los daños y perjuicios sufridos durante el largo proceso judicial.
El abogado Manolo Rojas, quien representa a los absueltos, anunció que se solicitará al exmandatario Morales el pago de una suma cercana a los 40 mil dólares. «Calculamos, de manera aproximada, que vamos a pedir 10 mil dólares por cada acusado», señaló Rojas.
Esta acción se ampara en la sentencia del caso Zapata, que establece la «cesación de todas las medidas cautelares personales» contra los absueltos, «con costas al acusador». Cabe recordar que la expareja de Morales y los demás imputados enfrentaron este proceso penal durante ocho años, marcado por irregularidades en la investigación, según la propia sentencia.

«Los cargos del Ministerio Público resultan imprecisos e inciertos», señala el documento judicial, cuestionando la falta de pruebas sólidas y la ausencia de una víctima claramente identificada. A pesar de las acusaciones, la sentencia confirma que el hijo de Evo Morales y Zapata está vivo y que fue registrado por el propio padre ante el Registro Civil.
La demanda de resarcimiento busca no solo compensar los gastos legales incurridos durante el proceso, sino también enviar un mensaje claro de justicia y reparación a aquellos que fueron injustamente acusados. La respuesta de Evo Morales y su entorno a esta nueva arista del caso Zapata aún se desconoce, pero sin duda generará un nuevo revuelo en el ámbito político y judicial boliviano.

Un caso que sigue resonando:
El caso Zapata ha sido uno de los más mediáticos y controvertidos en la historia reciente de Bolivia. Las acusaciones contra Evo Morales y su expareja, que involucraban desde enriquecimiento ilícito hasta tráfico de influencias, generaron una profunda división en el país.
La absolución de los acusados en abril de 2024 no puso fin a la polémica, y ahora este nuevo capítulo legal promete reavivar las tensiones y reabrir las heridas de un caso que aún no ha encontrado un cierre definitivo.

