LA PAZ, 11 sep (El Libre observador) – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este miércoles una demanda contra decenas de funcionarios gubernamentales, alegando negligencia en su respuesta a los incendios forestales sin precedentes que azotan el país y que devastaron a la fecha más de 3,8 millones de hectáreas.
La acción popular establecida en la Constitución, presentada ante el poder judicial boliviano, acusa a tres ministros, tres gobernadores y 12 alcaldes de no tomar medidas preventivas adecuadas contra los incendios que han devastado vastas extensiones de la amazonia y el chaco.
Según Callisaya, la falta de prevención y las respuestas insuficientes de las autoridades de los tres niveles del Estado han profundizado la catástrofe ambiental.
“Nuestra casa se está quemando por la irresponsabilidad de aquellos que debieron adoptar medidas preventivas en su momento”, afirmó a los periodistas el Defensor.
La presentación del recurso denuncia a los ministros de Medio Ambiente, Salud y Economía, así como a los gobernadores de Santa Cruz, Beni y Pando, y a 12 alcaldes de municipios gravemente afectados por el fuego, principalmente en la Amazonía y Chaco boliviano.
El panorama actual es devastador. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las llamas han consumido más de 3,8 millones de hectáreas, afectando tanto a bosques como a pastizales. Las líneas de fuego se extienden hasta 30 kilómetros en algunas zonas, dejando tras de sí una emergencia ambiental y sanitaria.
La alta concentración de partículas tóxicas en el aire ha llevado los niveles de contaminación a cifras peligrosas en departamentos; Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Pando, Potosí, entre otros exacerbando los problemas de salud pública en un contexto ya crítico y que ha provocado la calidad de aire “muy malo” e incluso “extremadamente malo”.
El Defensor del Pueblo subrayó que los incendios no son un fenómeno inesperado, sino que su previsibilidad quedó demostrada por antecedentes de años anteriores. En este sentido, la denuncia hace un llamado a la justicia para que obligue a las autoridades a tomar medidas urgentes y evitar que la situación empeore.
Además del impacto ecológico, Callisaya puso el foco en las comunidades indígenas desplazadas por el fuego, exigiendo que se les brinden las condiciones necesarias para regresar a sus tierras y restablecer sus hogares. Las áreas protegidas y parques nacionales también han sufrido daños irreparables, por lo que la Defensoría insiste en que se les brinde atención prioritaria.
Con esta acción judicial, el Defensor del Pueblo busca el accionar contundente e inmediato de todos los niveles del Estado no solo mitigar los efectos de los incendios, sino también abrir un espacio para responder de manera integral, asumiendo su responsabilidad y adoptando medidas de prevención a futuro.
De acuerdo a la Constitución, la Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución.
La Acción Popular podrá interponer cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos. Se aplicará el procedimiento de la Acción de Amparo Constitucional.
