LA PAZ, 24 nov (El Libre Observador) — El Gobierno boliviano anunció este lunes la creación de un “banco del oro” que combinará capital público y privado, con el objetivo de garantizar prácticas mineras sostenibles, mejorar la supervisión del sector y transparentar el comercio del metal.
La iniciativa fue anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, quien dijo que el nuevo banco tendrá como función principal establecer mecanismos de trazabilidad del oro y fortalecer la regulación del sector aurífero, tradicionalmente marcado por la informalidad y la falta de controles ambientales.
“Vamos a crear el banco del oro, y lo que necesitamos hacer es establecer mecanismos que permitan la trazabilidad y el desarrollo del sector aurífero en respeto de las normas medioambientales”, señaló Espinoza.
La medida complementa la política de compra estatal de oro local, que continuará bajo la nueva administración, aunque con instrumentos distintos a los aplicados desde 2023 durante el gobierno de Luis Arce.
Según Espinoza, el programa anterior del Banco Central de Bolivia (BCB) careció de transparencia y generó distorsiones: fomentó la inflación, incentivó prácticas ambientales nocivas y promovió un comercio opaco. Hasta agosto, el BCB había adquirido 28,5 toneladas métricas de oro y monetizado 48, mientras aún debía entregar 6,7 toneladas el próximo año.
“El único objetivo del programa era alimentar de dólares a un sistema de gestión monetaria que fue absolutamente pernicioso”, afirmó el ministro. La nueva estrategia busca reordenar el esquema, garantizar el cumplimiento de normas ambientales, eliminar el uso del oro como método de pago en sectores ilegales y ofrecer condiciones laborales más justas a los mineros cooperativistas mediante la formalización.
Espinoza aseguró que el plan se implementará en coordinación con el Banco Central, que mantendrá su propia supervisión. “Vamos a intervenir ahí, pero esto será en coordinación con el Banco Central, que también tiene sus propias ideas”, concluyó.
Analistas coinciden en que la medida podría fortalecer la institucionalidad minera y ofrecer mayor seguridad jurídica a los productores, mientras reduce riesgos asociados a la informalidad y al contrabando.
Con esta decisión, Bolivia busca no solo proteger uno de sus recursos estratégicos, sino también modernizar un sector que ha sido clave para la economía nacional y que históricamente ha estado envuelto en polémicas financieras y ambientales.
