LA PAZ, 7 may (El Libre Observador) — Bolivia ha dado este miércoles un paso decisivo hacia la modernización de su sistema financiero. En un anuncio de alto impacto para el emergente ecosistema digital del país, el Gobierno de Luis Arce promulgó un decreto supremo que regula por primera vez a las empresas Fintech (tecnología financiera) y proveedores de activos virtuales.
La medida busca brindar certidumbre jurídica y proteger a los usuarios en un entorno marcado por la expansión acelerada de servicios financieros digitales.
“El decreto reglamenta la constitución y funcionamiento de las empresas especializadas en la prestación de servicios de innovación tecnológica en el ámbito financiero y del mercado de valores”, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, durante una conferencia de prensa en La Paz.
La normativa establece parámetros para firmas que operan con pagos electrónicos, remesas digitales, créditos en línea, tecnología para entidades financieras y gestión de activos tokenizados, entre otros. Sin embargo, no se adentra en la regulación de precios de los activos digitales que se transan en estas plataformas, un matiz clave para evitar una sobrerregulación del sector.
“Si tú haces una operación en una plataforma como Binance, y en algún momento esa plataforma no puede operar en Bolivia por un problema tecnológico, ¿a quién reclamas? Es uno de los problemas que se tiene justamente al no estar estas plataformas reguladas. Tienen que entrar en una regulación para que todos sientan y entiendan que están protegidos”, advirtió Montenegro, aludiendo a la creciente vulnerabilidad del usuario en entornos no regulados.
El decreto incorpora términos técnicos como “blockchain” y “activos tokenizados”, marcando un precedente en la legislación nacional. A partir de su publicación, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) tendrá 40 días para elaborar el reglamento específico.
Todas las empresas que actualmente prestan servicios financieros con base tecnológica deberán adecuarse a la nueva normativa.
Se estima que, en la actualidad, unas 43 empresas fintech operan en Bolivia: 26 en Santa Cruz, 10 en Cochabamba, alrededor de ocho en La Paz y el resto en otras ciudades bolivianas. La dispersión geográfica de estas iniciativas muestra que el fenómeno fintech no es exclusivo de los grandes centros urbanos, sino una tendencia creciente en todo el país.
“El gobierno del presidente Luis Arce, con este decreto supremo, permite que se consolide y amplíe la facilidad de que varios proveedores, tanto públicos como privados, puedan ingresar a este entorno de empresas tecnológicas financieras, lo que se llama las fintech, de una manera moderna y también regulada”, destacó el ministro, subrayando el interés del Estado en acompañar el desarrollo de este sector bajo una lógica de inclusión y seguridad.
En medio de un panorama regional donde otros países ya han avanzado con marcos regulatorios para el sector tecnológico-financiero, Bolivia busca equilibrar la innovación con la protección del consumidor, en un intento por no quedar rezagada frente a las transformaciones globales del sistema financiero.
