LA PAZ, 24 abr (El Libre Observador) — Bolivia, históricamente exportadora de gas natural en Sudamérica, enfrenta un giro estructural que amenaza con redefinir su matriz energética. El nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, advirtió que el país está “a puertas de una crisis energética” que, de no ser contenida, podría obligarlo a importar gas en un horizonte de cuatro a cinco años.
La declaración llega en medio de una transición marcada por la fragilidad institucional de la estatal petrolera, tras la breve gestión de su antecesora, Claudia Cronenbold, quien renunció denunciando un deterioro “mayor al previsto”. Daroca asumió el cargo con un diagnóstico contundente: una empresa debilitada, con alta vulnerabilidad operativa y financiera, y atravesada, según dijo, por decisiones políticas que desplazaron criterios técnicos.
“Nos han dejado en un riesgo operativo, energético”, sostuvo el ejecutivo en su primera evaluación pública, en la que apuntó directamente a la falta de inversión sostenida en exploración y desarrollo como el origen de la caída sistemática de reservas y producción. El retroceso, afirmó, no es coyuntural, sino el resultado de un modelo que desincentivó la expansión del sector hidrocarburífero.
El impacto de esta tendencia ya se refleja en la disminución de las exportaciones de gas, uno de los pilares históricos de la economía boliviana. De persistir el escenario, el país podría enfrentar un punto de inflexión: dejar de ser proveedor energético regional para convertirse en importador, una situación inédita en las últimas décadas y con profundas implicaciones fiscales y geopolíticas.
En el corto plazo, la crisis energética adquiere un rostro tangible en las calles. En La Paz y otras ciudades del eje central, la escasez de diésel ha generado largas filas en estaciones de servicio, afectando especialmente al transporte pesado y público. Conductores reportan horas de espera para abastecerse, mientras el flujo de mercancías y pasajeros comienza a resentirse.
El malestar crece entre los sectores productivos y de transporte, que advierten sobre un posible efecto dominó en la economía si el suministro no se estabiliza. Las imágenes de camiones y buses varados en filas interminables se han convertido en un síntoma visible de una crisis más profunda: la incapacidad del sistema para garantizar el abastecimiento en condiciones normales.
Frente a este panorama, Daroca planteó una hoja de ruta que incluye tres ejes urgentes: la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos que permita atraer inversión extranjera, la reestructuración interna de YPFB para eliminar trabas burocráticas, y la ejecución inmediata de proyectos que frenen la caída de la producción.
“El modelo actual no puede continuar”, sentenció el ejecutivo, al subrayar la necesidad de transformar la estatal en una empresa “potente y eficiente”.
Su llamado se dirige tanto al Órgano Ejecutivo como a los actores políticos, en busca de decisiones coordinadas que permitan contener la crisis en el corto plazo y sentar bases sostenibles a mediano y largo plazo.
La advertencia abre un debate de fondo sobre el futuro energético de Bolivia. En juego no solo está la viabilidad de su principal empresa estatal, sino también el modelo económico que durante años se apoyó en la renta gasífera.
