LA PAZ, 7 abr (El Libre Observador) — En Bolivia, el valor del dólar ya no es solo un dato económico; es un campo de disputa política, técnica y simbólica. Mientras el Gobierno insiste en que no hay devaluación, el mercado parece haber comenzado a moverse bajo nuevas reglas, más cercanas a la escasez de divisas que a la estabilidad oficial.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, salió este martes a fijar la posición del Ejecutivo al destacar el reciente uso del tipo de cambio referencial, de 9 bolivianos por dólar, para operaciones con tarjetas en el exterior no representa un ajuste de la moneda, sino una “unificación del mercado”. En otras palabras, no se trata de cambiar el valor del boliviano, sino de reconocer el que ya rige en la práctica.
La explicación apunta a una realidad incómoda. Durante meses, Bolivia convivió con múltiples precios del dólar. Entre el tipo de cambio oficial, el paralelo y otras cotizaciones intermedias, el sistema cambiario se fragmentó hasta perder coherencia. “Había entre cuatro y siete tipos de cambio distintos”, reconoció el ministro, en una admisión poco habitual de desorden en una economía históricamente anclada a la estabilidad cambiaria.
La decisión del Gobierno, permitir el uso irrestricto de tarjetas con base en el valor referencial del Banco Central de Bolivia, busca cerrar esa brecha. Pero también expone una transición más profunda: el desplazamiento silencioso del tipo de cambio oficial como referencia dominante. En la práctica, el mercado ya operaba cerca de ese valor, y la medida, más que imponerlo, lo institucionaliza.
El Ejecutivo sostiene que los efectos iniciales son alentadores. Según Espinoza, el dólar paralelo comenzó a bajar tras el anuncio, aunque no se evidencia en el mercado pues las casas de cambio venden a 9,4 bolivianos el dólar. Pero en economías donde la confianza es frágil, los movimientos del mercado no siempre responden a una sola lógica.
Desde la oposición, la lectura es distinta. El expresidente Evo Morales calificó la medida como una “devaluación de facto”, argumentando que el país ya reconoce un tipo de cambio más alto sin admitirlo formalmente.
Para sus críticos, el Gobierno intenta evitar el costo político de una decisión impopular, trasladándola de forma gradual a ciertos segmentos de la economía.
La jefa de bancada en el Senado del opositor Libre, Tomasa Yarhui, cuestionó el anuncio del Gobierno sobre la liberación de compras por internet mediante tarjetas de débito y crédito, al considerar que la medida tendría efectos económicos adversos e implica una “devaluación encubierta”, al facilitar la salida de divisas y generar presión sobre el tipo de cambio en el país.
Asimismo, advirtió que la flexibilización en el uso de medios de pago para transacciones internacionales podría impactar en la estabilidad económica si no se aplican mecanismos de control y regulación adecuados.
El trasfondo del debate no es menor. Bolivia enfrenta una presión creciente sobre sus reservas internacionales y una persistente escasez de dólares, factores que han erosionado el modelo de tipo de cambio fijo que durante años funcionó como ancla de estabilidad. En ese contexto, la “unificación” que defiende el Gobierno podría ser, para algunos, el primer paso hacia un ajuste más amplio.
La respuesta oficial, sin embargo, endurece el tono político. Espinoza responsabilizó de la crisis a las gestiones anteriores, apuntando directamente al propio Morales y al exmandatario Luis Arce, en un cruce que revela que el debate cambiario también es una disputa por el control del relato económico.
En Bolivia, como en otras economías bajo tensión, la pregunta ya no es solo cuánto vale el dólar, sino quién define ese valor y con qué legitimidad. Entre la narrativa oficial y la lógica del mercado, el tipo de cambio se ha convertido en un termómetro de algo más profundo: la capacidad del Estado para sostener su promesa de estabilidad en tiempos de incertidumbre.
