LA PAZ, 29 oct (El Libre Observador) – Las acusaciones contra el expresidente (2006-2019), Evo Morales, escalaron drásticamente esta semana, con el gobierno boliviano denunciando una lista de presuntos delitos graves que incluyen alzamiento armado, tenencia ilegal de armas, narcotráfico, intento de asesinato y la fabricación de explosivos.
La situación ha llevado al ministro de Justicia, César Siles, a solicitar a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y firme, argumentando que las protestas encabezadas por los partidarios de Morales desde hace 16 días superan el derecho a la protesta y entran en el terreno de actividades ilícitas que, según la administración, amenazan la estabilidad del país.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló este lunes que Morales y sus seguidores dispararon contra efectivos policiales en un control en el Trópico, un incidente que ha intensificado las preocupaciones del gobierno.
Siles enfatizó que el presunto uso de armas por parte de Morales configura el delito de tenencia y porte ilícito, con una pena de seis meses a dos años, y sumó que las acciones judiciales también contemplan la posibilidad de que las movilizaciones evistas cuenten con grupos armados, un delito que podría conllevar penas de hasta 15 años de prisión.
En sus declaraciones, Siles hizo eco de las denuncias de Del Castillo, quien advirtió que el exmandatario podría estar relacionado con actividades de narcotráfico, una acusación que aumenta la gravedad del caso y que, de confirmarse, podría tener consecuencias significativas para Morales y sus seguidores.
«Estamos hablando de delitos de extrema gravedad, y exhortamos a la administración de justicia a tomar medidas contundentes», subrayó Siles, quien también recordó que estos actos afectan el derecho de los ciudadanos a la paz, la educación y el acceso a servicios esenciales.
El conflicto se intensifica en un contexto donde las protestas lideradas por el ala «evista» del Movimiento Al Socialismo (MAS) buscan anular procesos judiciales en contra de Morales y asegurar su habilitación para las elecciones de 2025.
Sin embargo, el gobierno ha advertido que estas protestas ya han ocasionado el bloqueo de caminos en diversas regiones de Bolivia, lo que afecta la economía, la circulación de bienes y la seguridad pública.
Desde el inicio de los bloqueos, las detenciones han ido en aumento. Según los datos recientes, solo durante el último fin de semana, 60 personas fueron aprehendidas, de las cuales 12 están en detención preventiva. Siles hizo un llamado a las autoridades judiciales para que no otorguen medidas sustitutivas a los detenidos, en un intento de disuadir la escalada del conflicto y recuperar la normalidad en el país.
Asimismo, Siles hizo referencia a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordando que las protestas que interfieren con derechos colectivos, como el acceso a salud y alimentación, deben ser reguladas para evitar vulneraciones a la población.
La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia también se ha pronunciado, exhortando a evitar bloqueos y otras medidas que restrinjan la libre circulación.
La posición del gobierno es clara: mientras los bloqueos persistan y se violen los derechos colectivos, el Estado no dudará en actuar, ampliando el alcance de sus acciones legales y buscando la intervención de la justicia nacional e internacional para que se ponga freno a lo que consideran una amenaza latente para la paz y estabilidad de Bolivia.
