LIMA, 5 dic (El Libre Observador) – En un giro legal polémico y desafiante, el Tribunal Constitucional de Perú emitió este martes una orden que sacude la esfera política y judicial del país al dictaminar la liberación del exmandatario Alberto Fujimori, a pesar de una previa orden contraria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el año pasado.
El TC, con tres de los actuales seis miembros firmantes y el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, determinó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) libere de inmediato a Fujimori, quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo.
Esta controvertida decisión del TC se produce después de que un juzgado en la región sureña de Ica declarara improcedente una resolución anterior del Constitucional, que había restablecido el indulto de Fujimori, devolviendo el caso al propio TC.
El presidente del máximo tribunal, Morales, insistió en la excarcelación inmediata de Fujimori, contradiciendo las sentencias de la CorteIDH, y exhortó al juez de Ica a ejercer mayor diligencia en la ejecución de las sentencias estimatorias de habeas corpus.
Este giro en la situación legal de Fujimori se origina a partir del indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017, posteriormente anulado por el Poder Judicial en 2018, tras la solicitud de la CorteIDH para garantizar la justicia a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, crímenes por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
La resolución del TC ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su inquietud ante la posible excarcelación de Fujimori, recordando los estándares interamericanos sobre indultos «por razones humanitarias».
Por su parte, la CorteIDH solicitó al Gobierno peruano un informe sobre el cumplimiento de su anterior resolución. En respuesta, el TC argumentó la falta de competencia de la CorteIDH en el cumplimiento de sentencias, asegurando que esta debería someter cualquier incumplimiento a la Asamblea General de la OEA.
El fallo del Tribunal Constitucional peruano no solo desafía el dictamen internacional, sino que también genera un debate legal significativo en torno a las competencias y límites de las instituciones judiciales, creando tensiones sobre el respeto a las decisiones judiciales y la ejecución de fallos de organismos interamericanos en el país.
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