LA PAZ, 26 ene (El Libre Observador) — En la histórica ciudad de Potosí, símbolo de la riqueza minera y contradicciones de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz lanzó este lunes el Bono PEPE, una ayuda económica extraordinaria destinada a los sectores más vulnerables del país, en un momento marcado por tensiones sociales y el impacto del retiro de la subvención a los combustibles.
El programa, cuyo nombre corresponde al Programa Extraordinario de Protección y Equidad, contempla un pago total de 450 bolivianos (unos 65 dólares) y busca aliviar la presión económica sobre familias con hijos en el sistema educativo público, mujeres embarazadas, adultos mayores sin jubilación que perciben la Renta Dignidad, así como personas con discapacidad grave o ceguera.
“El objetivo es que el ajuste no recaiga sobre quienes menos tienen”, afirmó Paz durante el acto oficial, en el que defendió la medida como un respaldo inmediato y focalizado para preservar la estabilidad social. El mandatario insistió en que se trata de una política de protección y no de asistencialismo, diseñada para amortiguar un golpe económico que ya se siente en los hogares de menores ingresos.
El bono podrá cobrarse en tres cuotas mensuales o de manera acumulada hasta finales de abril, a través de 44 entidades financieras habilitadas en todo el país. Según el Ministerio de Economía, el acceso será automático y solo requerirá la presentación de la cédula de identidad, sin inscripciones ni trámites adicionales, gracias a los registros estatales existentes.
Uno de los elementos centrales del anuncio fue el origen de los recursos. Paz aseguró que el financiamiento proviene de la eliminación de los denominados “ítems fantasma” en la administración pública, una depuración que permitió liberar fondos estatales para redirigirlos directamente a la población vulnerable. El Gobierno ha presentado este mecanismo como una señal de austeridad y reordenamiento del gasto.
La puesta en marcha del Bono PEPE se produce tras la eliminación de la subvención a los combustibles, una decisión que, aunque defendida por el Ejecutivo como necesaria para sanear las cuentas públicas, ha elevado los costos de transporte y alimentos, generando inquietud social. El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Christian Morales Burgos, reconoció días atrás que la medida busca contener el impacto inmediato del ajuste en los sectores más frágiles.
Con este programa, el Ejecutivo intenta equilibrar disciplina fiscal y contención social, en un país donde los bonos se han convertido en una herramienta clave de política pública. El desafío, advierten analistas, será sostener estas transferencias sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni alimentar nuevas presiones sobre el gasto estatal.
