LA PAZ, 6 nov (El Libre Observador) — El Gobierno de Bolivia presentó este miércoles a 13 personas detenidas por su participación en el secuestro de dos policías durante un bloqueo en la localidad de Parotani, Cochabamba, el pasado lunes.
Los aprehendidos, vinculados al expresidente Evo Morales, enfrentan cargos graves que incluyen terrorismo, secuestro, tentativa de asesinato y atentado contra la seguridad del Estado, según detalló en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Los hechos ocurrieron en medio de los bloqueos de carretera que han paralizado rutas cruciales entre Cochabamba y el occidente del país. El ministro explicó que los policías, un teniente y un sargento que realizaban labores de Inteligencia en la zona, fueron golpeados y secuestrados tras ser identificados por un grupo armado.
“Una organización criminal se habría reagrupado para controlar el puente de Parotani”, indicó del Castillo. Relató que ambos oficiales fueron atacados con piedras, dejándolos inconscientes y a merced de los secuestradores.
La intervención de las fuerzas de seguridad permitió identificar y capturar a los presuntos implicados. Durante los operativos, los agentes interceptaron un vehículo tipo Noha en el que uno de los oficiales, el teniente Mamani, fue encontrado herido y sangrando. Inés C. C., quien conducía el vehículo, fue detenida junto con otros individuos señalados como secuestradores.
Entre los aprehendidos figuran también Ramiro A. F. y Jhovana A. P., quienes confesaron haber sido enviados por un cabecilla prófugo, Gerardo P. C., para trasladar al oficial secuestrado.
Las investigaciones revelan que algunos líderes evistas habrían ordenado la captura de los policías, presuntamente para usarlos como moneda de cambio o incluso para «quitarles la vida», declaró el ministro.
En total, se ha arrestado a 150 personas en el marco de las operaciones de desbloqueo realizadas en Parotani y otras zonas conflictivas como Mairana, Santa Cruz. La mayoría ya ha recibido medidas cautelares, incluyendo detención preventiva y arresto domiciliario.
El ministro de Justicia, César Siles, subrayó que los cargos que enfrentan estos individuos, tales como terrorismo, alzamiento armado e instigación a delinquir, son de suma gravedad y que el Gobierno actuará sin contemplaciones.
“No nos va a temblar la mano; estos delitos tienen que ser sancionados para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, afirmó Siles, añadiendo que, según normativa, los casos de terrorismo serán procesados en La Paz.
Esta serie de detenciones y la firme postura del Gobierno reflejan una respuesta contundente ante una situación de crisis que amenaza la seguridad y estabilidad en varias regiones del país.
