LA PAZ, 13 nov (El Libre Observador) – Humberto Claros, uno de los principales dirigentes de los recientes bloqueos en Bolivia y un rostro visible del movimiento campesino liderado por el sector evista, fue detenido este miércoles en la localidad de Quillacollo, Cochabamba, confirmó el Gobierno.
La captura fue ejecutada por agentes policiales vestidos de civil en una céntrica plaza de la ciudad, en medio de una situación de alta tensión que ha marcado las últimas semanas en el país.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, confirmó a la red Unitel la detención de Claros y explicó que el líder campesino deberá responder ante la justicia por los violentos enfrentamientos en los que se vieron involucrados cientos de manifestantes.
Las manifestaciones, que culminaron en 24 días de bloqueos, enfrentamientos y pérdidas millonarias para el país, dejaron heridos a varios efectivos policiales y mantuvieron a Bolivia en una tensa situación de parálisis.
Los bloqueos organizados por el sector evista entre octubre y principios de noviembre para exigir la anulación de los procesos por estupro contra Evo Morales y su habilitación para las elecciones del 2025 generaron un impacto significativo en Bolivia.
Según el presidente Luis Arce, estas acciones causaron pérdidas de alrededor de 4.000 millones de dólares en sectores clave de la economía. Las protestas no solo fueron costosas, sino que también se caracterizaron por episodios de violencia que incluyeron el uso de piedras, palos y explosivos caseros contra las fuerzas policiales, según fuentes del Gobierno.
DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES
La detención de Claros fue grabada y difundida en redes sociales por miembros del movimiento evista, quienes denunciaron que el operativo fue «irregular y clandestino».
En un video, un dirigente afirmó que Claros fue abordado por tres personas vestidas de civil y subido a un vehículo sin placas. Estas acusaciones fueron respaldadas por el expresidente Evo Morales, quien calificó la aprehensión de «ilegal y arbitraria», argumentando que la detención era un intento del gobierno de Luis Arce por acallar a los líderes sociales que han criticado su gestión económica y social.
Mientras el Gobierno avanza en las investigaciones, los cargos atribuidos a Claros y otros dirigentes, como el exministro Juan Ramón Quintana y Ponciano Santos, incluyen terrorismo y alzamiento armado, delitos considerados graves en el contexto de la seguridad del Estado. La Procuraduría General del Estado justificó la necesidad de estas detenciones, citando la organización de “grupos irregulares” para bloquear vías y coordinar enfrentamientos.
La captura de Claros marca un nuevo capítulo en la división interna del Movimiento al Socialismo (MAS) y en la escalada de conflictos sociales en Bolivia.
El Gobierno se enfrenta ahora a la presión de un sector evista que, liderado por Morales, denuncia represión contra sus miembros. Los seguidores de Claros han advertido sobre posibles represalias y se responsabilizó al Gobierno de cualquier daño que pudiera sufrir el dirigente.
