LA PAZ, 8 mar (El Libre Observador) – En un acto de solidaridad y determinación, mujeres y hombres de varias ciudades bolivianas, se unieron en marchas sin precedentes contra la violencia de género y en firme rechazo a cualquier forma de opresión, bajo el lema “la resistencia continúa”.
Las ciudades de El Alto y La Paz se convirtieron en el epicentro de una manifestación que abarcó diversas instituciones, activistas y sectores socailes, reflejando la diversidad y la fuerza de un movimiento enérgico y comprometido.
Desde las primeras horas del Día Internacional de la Mujer, las calles resonaron con cánticos de justicia y demandas de igualdad mientras mujeres campesinas, indígenas, servidoras públicas, activistas, ministras, senadoras y diputadas, junto con hombres comprometidos, expresaban su repudio a la violencia que afecta a mujeres y niñas en todo el país.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, presente en la marcha, enfatizó la importancia de la transformación social, instando a hombres y mujeres a ser partícipes activos en la construcción de una sociedad más equitativa y segura para todos.
La movilización culminó en el barrio de Santa Rosa, donde el presidente Luis Arce anunció la construcción de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), un espacio crucial para brindar asistencia integral y justicia a las víctimas.
Las mujeres, ataviadas con pañoletas y mantas moradas, elevaron sus voces contra la opresión y la violencia de género, evidenciando una determinación inquebrantable por alcanzar la igualdad y la justicia. Otra marcha llegó hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional para exigir la aprobación de leyes que fortalezcan la lucha contra la violencia hacia las mujeres y garanticen la protección de niños y adolescentes.
A pesar de los avances legislativos, la directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, alertó sobre la persistencia de la violencia machista en Bolivia, con un alarmante número de feminicidios y casos de violencia cada vez más jóvenes. La sociedad boliviana, si bien no ha normalizado el feminicidio, enfrenta el desafío de erradicar la violencia como mecanismo de control y disciplina hacia las mujeres.
En este contexto, el Estado debe asumir un papel fundamental como garante de derechos, invirtiendo en la prevención, los servicios esenciales y la restitución de los derechos de las víctimas para garantizar que los casos de violencia no queden impunes y que cada voz tenga el respaldo necesario para alzar el grito de cambio.
