LA PAZ, 2 oct (El Libre Observador) – En un giro inesperado dentro del sistema judicial boliviano, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, fue destituida de su cargo tras denunciar presiones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para evitar la ejecución de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.
El caso, que involucra acusaciones de estupro y trata de personas, ha vuelto a poner en el centro del debate la influencia política en la justicia boliviana.
Según Gutiérrez, la destitución ocurrió poco después de que se negara a seguir órdenes directas de Lanchipa para dejar sin efecto la aprehensión de Morales. “A partir de ahora dejo de ser fiscal departamental porque me acaban de notificar. No soy su empleada cualquiera para que me diga qué hacer”, manifestó Gutiérrez en declaraciones a la prensa. Además de su destitución, otros dos fiscales involucrados en la investigación fueron apartados del caso.
Las acusaciones contra Morales tienen su origen en un supuesto caso de estupro que involucra a una menor de 15 años. Aunque Gutiérrez evitó proporcionar detalles específicos sobre el caso para proteger los derechos de la víctima, confirmó la existencia de una orden de aprehensión contra el exmandatario, que no fue ejecutada. A pesar de la gravedad del delito, una acción de libertad interpuesta en Santa Cruz dejó sin efecto la orden de apremio.
El exministro de Gobierno y cercano colaborador de Morales, Carlos Romero, confirmó la existencia de la orden y el recurso judicial que frenó su ejecución.
Romero también destacó que este no es el único proceso judicial que enfrenta Morales, mencionando otros casos vinculados a la marcha del Movimiento al Socialismo (MAS).
PRESIONES POLÍTICAS EN EL SISTEMA JUDICIAL
La denuncia de Gutiérrez arroja luz sobre las tensiones internas dentro del sistema judicial boliviano y el papel del fiscal general en casos de alta sensibilidad política. Lanchipa fue designado como fiscal con los votos del MAS en la Asamblea Legislativa en octubre de 2018 y cuando Evo Morales fungía como presidente de Bolivia.
Gutiérrez no solo mencionó presiones directas de Lanchipa, sino también la existencia de un memorándum de agradecimiento por sus servicios, a pesar de no haber renunciado a su cargo. Esto subraya la forma en que las decisiones políticas pueden influir en el destino de investigaciones clave.
La exfiscal hizo un llamado público para que se haga un seguimiento estricto del caso de Morales, con el fin de evitar que quede en la impunidad, como ha ocurrido con otras denuncias en el pasado contra el líder del MAS. «Este es un delito de lesa humanidad y no debe quedar como una más de las tantas que tiene en su historial», advirtió.
Este caso podría tener importantes repercusiones tanto en el plano judicial como en el político, ya que Evo Morales sigue siendo una figura central en la política boliviana. Las acusaciones de estupro y trata de personas no solo empañan su imagen, sino que también generan interrogantes sobre la capacidad de la justicia boliviana para manejar casos de figuras poderosas sin interferencias.
El destino de esta investigación dependerá en gran medida de la presión que se ejerza desde la sociedad civil y las instituciones para que la justicia siga su curso sin favoritismos. Sin embargo, la destitución de Gutiérrez y el retiro de otros fiscales del caso envían un mensaje preocupante sobre el nivel de independencia judicial en Bolivia.
