LA PAZ, 6 jul (El Libre Observador) – La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocó este sábado la detención domiciliaria del exasesor del Ministerio de Defensa, Aníbal Aguilar, y dispuso su ingreso en prisión preventiva por cinco meses, denunciado por ser un ideólogo del fallido golpe de Estado del 26 de junio pasado.
Aguilar, acusado de ser el «ideólogo» del fallido golpe de Estado del 26 de junio en la Plaza Murillo, había gozado de este beneficio desde el pasado 1 de julio. Sin embargo, la decisión de la jueza Claudia Castro lo devuelve tras las rejas, generando consternación en su defensa y encendiendo nuevamente las alarmas sobre su estado de salud.
El abogado defensor de Aguilar, Miguel Ramírez, denunció la falta de fundamento lógico en la decisión de la jueza, calificándola como una ruptura con la verdad material del caso.
Ramírez enfatizó que su cliente, de 71 años, padece de enfermedades crónicas que podrían agravarse considerablemente en el entorno carcelario, exponiéndolo a un riesgo significativo.
La revocación de la detención domiciliaria de Aguilar no solo lo afecta a él, sino que también podría extenderse a otros militares que habían recibido el mismo beneficio. La falta de personal de custodia y la existencia de apelaciones en curso han impedido, por el momento, la ejecución de la medida.
Cabe recordar que Aguilar se encuentra procesado junto a varios militares por los hechos ocurridos el 26 de junio en la Plaza Murillo, cuando un grupo de militares, liderados por el general Juan José Zúñiga, se movilizaron de forma irregular, generando un clima de tensión y zozobra en el país.
Al menos diez militares ya cumplen detención preventiva en las cárceles de Chonchocoro y San Pedro de La Paz, mientras que el principal acusado, Juan José Zúñiga, fue trasladado a la cárcel de El Abra, donde cumple una detención preventiva de seis meses.
En paralelo a la situación de Aguilar y los demás militares involucrados, la Procuraduría General del Estado ha decidido ampliar la lista de delitos imputados a cerca de 24 personas relacionadas con los hechos del 26 de junio. Los nuevos cargos incluyen terrorismo, alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios, destrucción de bienes públicos y uso indebido de recursos públicos.
