Por Marcelo Romano
LA PAZ, 19 ene (El Libre Observador) — En cada ciclo electoral, La Paz asiste al mismo ritual con candidatos que prometen “transformar la ciudad”, discursos inflados de épica y campañas que confunden carisma con capacidad. Pero detrás del ruido, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quién de los aspirantes a la Alcaldía está realmente dispuesto a gobernar con valores y no a servirse del cargo?
La Alcaldía de La Paz no es un botín político ni una plataforma personal. Es una de las responsabilidades públicas más complejas del país. Sin embargo, muchos candidatos actúan como si bastara con sonreír, recorrer mercados y repetir consignas vacías para merecer el voto. La ética pública, cuando aparece, lo hace como adorno retórico, no como compromiso verificable.
La honestidad, por ejemplo, suele reducirse a una palabra de campaña. Pocos explican con claridad su pasado, sus decisiones polémicas o los intereses que los rodean. Se habla de transparencia mientras se esquivan preguntas incómodas. Se prometen auditorías mientras se construyen pactos de silencio. En La Paz, la corrupción no siempre grita; muchas veces se disfraza de normalidad.
La irresponsabilidad política es aún más evidente. Nadie se hace cargo de los errores. Las promesas incumplidas se justifican con excusas, las obras mal planificadas se heredan como problemas ajenos y el ciudadano queda atrapado en una cadena de improvisaciones. Gobernar, para algunos, parece significar no rendir cuentas jamás.
Tampoco ayuda el desprecio creciente por la institucionalidad. Se descalifica al Concejo, se ignora la fiscalización y se gobierna como si la ley fuera un obstáculo, no un marco. Esa lógica no fortalece la ciudad, la debilita. La Paz no necesita caudillos municipales, necesita gestores sometidos al control democrático.
La retórica social, por su parte, ha perdido credibilidad. Todos dicen gobernar “para la gente”, pero pocos explican cómo enfrentarán la desigualdad urbana, la precariedad de servicios o la exclusión territorial. La solidaridad se convierte en pose, la justicia social en consigna y la inclusión en fotografía. Mientras tanto, los barrios siguen esperando.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿alguno de los principales candidatos puede exhibir una trayectoria limpia, coherente y comprometida con el bien común? ¿O estamos, una vez más, ante una competencia de ambiciones personales disfrazadas de vocación pública?
La solución no pasa solo por elegir “al menos malo”. La ciudad necesita un cambio más profundo. Exigir compromisos éticos firmes, agendas de transparencia obligatorias, rendición de cuentas periódica y mecanismos reales de control ciudadano no es radicalismo: es sentido común democrático. Y también exige ciudadanos menos indulgentes con la mediocridad.
La Paz no puede seguir gobernándose desde el cálculo político ni desde la impunidad moral. Quien aspire a dirigirla debe entender algo elemental como que el poder no concede privilegios, impone deberes. Y cuando esos deberes se traicionan, la ciudad entera paga el precio.
Porque gobernar La Paz no es un premio. Es una carga ética que no todos están dispuestos —ni capacitados— para asumir.
