LA PAZ, 11 jun (El Libre Observador) — El conflicto interno que fractura al oficialismo boliviano ha tomado un nuevo giro esta semana con el anuncio del presidente Luis Arce de desplegar operativos conjuntos de policías y militares para desbloquear las principales rutas del país, ocupadas desde hace diez días por sectores afines al expresidente Evo Morales.
El mandatario acusa a su antiguo mentor de intentar forzar una candidatura inconstitucional mediante protestas que, asegura, buscan desestabilizar al Gobierno.
“Hemos instruido, tanto a la Policía como a nuestras Fuerzas Armadas, un operativo para desbloquear la carretera Oruro–Cochabamba”, declaró Arce este miércoles en la Casa Grande del Pueblo, la sede del Ejecutivo en La Paz.
La ruta afectada es una arteria troncal del país que une el occidente con el oriente, y cuya obstrucción ha comenzado a generar serias disrupciones económicas: alza de precios, escasez de combustibles y amenaza de paralización productiva.
El presidente justificó la medida como una respuesta al “clamor del pueblo boliviano” y aseguró que la presión ejercida por los bloqueos tiene fines estrictamente políticos. “Lo único que pretende (Evo Morales) es una candidatura inconstitucional. Lamentamos que nuevamente intereses personales estén afectando la vida y la economía del pueblo boliviano”, dijo, visiblemente molesto.
Las protestas, lideradas por sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) que respaldan a Morales, han sumado más de treinta puntos de bloqueo en todo el país, según datos de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). La mayoría se concentran en los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí. La presión social, con episodios de violencia aislados, ha ido escalando con el paso de los días.
Para el Gobierno, estos bloqueos no solo afectan el suministro de alimentos y combustibles, sino que son parte de una estrategia para cercar políticamente la sede de Gobierno en La Paz.
“Han golpeado a personal de salud, amedrentado a vocales electorales y amenazado a nuestras fuerzas del orden. Incluso han anunciado un cerco a la ciudad para rendirla con el hambre”, denunció Arce.
Este nuevo episodio de tensión política vuelve a evidenciar la ruptura —ya irreconciliable— entre las dos principales figuras del MAS: Evo Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, y Luis Arce, su exministro de Economía y hoy presidente. Tras la victoria electoral de 2020, ambos compartieron momentáneamente un proyecto, pero las diferencias se fueron agudizando hasta derivar en una pugna por el control del partido y la candidatura presidencial de 2025.
Morales, inhabilitado por el Tribunal Constitucional por haber excedido los límites del mandato en 2019 y no contar con una sigla política, insiste en que su derecho político ha sido vulnerado. Desde entonces, ha impulsado una narrativa en la que se presenta como víctima de una “guerra jurídica” (lawfare) y de una persecución interna.
“Hacia el exterior, Evo dice que le hacen lawfare; en el interior, que somos racistas contra los indígenas. Son discursos contradictorios que buscan generar simpatías con fines personales”, respondió Arce.
Los bloqueos actuales remiten inevitablemente al fantasma de 2019, cuando una ola de protestas derivó en la renuncia de Morales y el inicio de una crisis institucional sin precedentes. Pero a diferencia de entonces, el conflicto ahora no enfrenta al Gobierno con la oposición tradicional, sino que se desarrolla dentro de las propias filas del oficialismo.
A dos meses de las elecciones generales, Bolivia se encuentra en una encrucijada. Con la economía debilitada, el descontento social en aumento y el MAS dividido, la contienda electoral de agosto se perfila como una de las más inciertas desde el retorno a la democracia en 1982.
