LA PAZ, 11 jun (El Libre Observador) — En una Bolivia fragmentada por las tensiones políticas y cercada por una economía asfixiada, el presidente del Senado y figura emergente de la izquierda, Andrónico Rodríguez, lanzó este miércoles una advertencia que suena tanto a ultimátum como a llamado a la razón: “El pueblo boliviano no puede seguir siendo rehén de la política”.
Su declaración no es una más en la cadena de discursos que pueblan la escena nacional; es, más bien, una intervención que pretende abrir una salida frente al colapso progresivo del Estado.
En un país donde los bloqueos se han vuelto paisaje y la escasez de combustibles altera el ritmo de vida en las ciudades, Rodríguez ha instado a las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria a sentarse a la mesa de negociación.
Lo ha hecho desde el corazón mismo del Órgano Legislativo, en una conferencia cargada de tono urgente, pero también con un claro cálculo político: mostrarse como la figura que, en medio del caos, ofrece orden. Pidió al presidente de la Asamblea legislativa convocar a una sesión que viabilice los créditos internacionales y busque alternativas para frenar la crisis económica y política que vive el país.
Bolivia no atraviesa únicamente una crisis de divisas o de abastecimiento. Lo que está en juego es la legitimidad de sus instituciones, una oposición fragmentada, las fracturas internas del Movimiento al Socialismo (MAS), partido gobernante, y la viabilidad de un gobierno que se ha quedado sin margen de maniobra frente a la parálisis de su propio aparato económico.
En ese contexto, el gesto de Rodríguez trasciende la rutina legislativa. Es una apuesta por reposicionar a la Asamblea Legislativa como el epicentro de soluciones, y a él mismo como un interlocutor creíble en un momento de vaciamiento político.
“El Gobierno no es sincero con el pueblo”, denunció. La frase pesa. Más aún cuando viene de quien aún representa al MAS en el Congreso, pero que ha marcado distancia respecto del ejecutivo de Luis Arce.
Rodríguez no duda en subrayar la inacción del Gobierno. Asegura que el Legislativo ha aprobado más de 4.000 millones de dólares en créditos internacionales, pero que el Ejecutivo solo ha ejecutado la mitad. El resto, acusa, “está en caja banco”, inmóvil, mientras el país se incendia en colas para el diésel y protestas por los precios.
Sus propuestas son técnicamente viables, pero políticamente desafiantes como: diferimiento de créditos, pausa impositiva para contribuyentes, y sobre todo, un acuerdo interpartidario para garantizar que los dólares aprobados por ley se usen exclusivamente para importar combustible. En otras circunstancias, podrían parecer medidas técnicas. Hoy suenan como condiciones mínimas para evitar el colapso.
Pero el trasfondo de esta crisis es más profundo. Lo que Bolivia vive no es solo una escasez de combustibles ni de dólares, sino una descomposición de las rutas de gobernabilidad. El país no encuentra una brújula común desde la ruptura entre el ala renovadora del MAS —alineada a Luis Arce— y el bloque evista, liderado por el expresidente Evo Morales, que ha profundizado la crisis con el bloqueo de carreteras que este miércoles lleva su décimo día de protesta.
Ambos sectores, evistas y arcistas, mantienen una guerra fría que paraliza la toma de decisiones en el Parlamento y en el propio Ejecutivo. En ese pantano institucional, Rodríguez intenta abrir un canal de diálogo. No sin riesgos.
En su figura se proyecta hoy la imagen del político que busca contener la implosión del MAS sin romper del todo con sus orígenes. Su candidatura presidencial, ya en curso, depende de ese difícil equilibrio: mostrarse crítico pero leal, reformista pero heredero, operador, pero no títere.
Mientras tanto, la crisis social y económica aprieta. Las ciudades enfrentan racionamientos de combustible, alimentos, subida de precios, los transportistas advierten con paros indefinidos y las regiones productoras denuncian pérdidas millonarias por la falta de diésel.
En el horizonte inmediato, los bloqueos sociales y las disputas legislativas podrían escalar. Y en ese contexto, la “reunión urgente” que propone Rodríguez se convierte en una prueba de fuego: para su liderazgo, para la institucionalidad parlamentaria y, sobre todo, para la capacidad de Bolivia de hallar consensos antes de que la crisis devenga en algo más profundo.
