LA PAZ, 18 ago (El Libre Observador) — Hay días en los que un Gobierno recibe una noticia incómoda. Y hay otros en los que las noticias parecen llegar todas al mismo tiempo. Este martes fue uno de esos días para el presidente Rodrigo Paz Pereira. Mientras su Gobierno intentaba sostener el rumbo económico, su asesor personal, el argentino Fernando Cerimedo, era aprehendido por una investigación relacionada con el ataque armado contra su expareja, la abogada Nadia Beller. Horas después, la Asamblea Legislativa censuraba a uno de sus ministros. Y, desde una cama de hospital, Beller lanzaba acusaciones de corrupción que alcanzaban al entorno familiar del presidente.
El resultado fue una jornada que colocó al mandatario ante tres frentes simultáneos, uno policial, otro político y otro de enorme sensibilidad institucional.
Todo comenzó la noche del lunes, cuando Beller fue atacada por dos hombres armados a las puertas de un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Recibió varios disparos y quedó gravemente herida. Según su propio relato, fingió estar muerta durante un tiempo para evitar que los atacantes regresaran. Después fue trasladada a un hospital, donde fue sometida a intervenciones quirúrgicas.
Desde allí, todavía convaleciente, decidió hablar. En una entrevista televisiva, Beller señaló directamente a Cerimedo y afirmó que el ataque estaba relacionado con información que ella conocía y que comprometía, según su versión, al consultor argentino y a personas próximas al Gobierno.
“Intentaron silenciarme”, afirmó. Y añadió que teme que quienes intentaron matarla vuelvan a hacerlo si consigue revelar públicamente todo lo que sabe.
La Policía aprehendió a Cerimedo durante la madrugada. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que en el caso no habrá privilegios y que la investigación determinará responsabilidades.
DENUNCIAS-CORRUPCIÓN-FAMILIA
Pero el caso dejó rápidamente de ser únicamente policial. Beller afirmó que había trabajado para el Gobierno y que fue convocada para participar en la revisión de un paquete de leyes impulsado por Paz. Según su relato, posteriormente mantuvo una relación sentimental con Cerimedo, una cercanía que le habría permitido conocer movimientos y decisiones del entorno presidencial.
Su denuncia más delicada apunta a supuestos negociados relacionados con la importación de combustibles, el oro y los seguros contratados por empresas estatales. Beller sostuvo que en esas operaciones participarían personas del entorno familiar del presidente y que Cerimedo habría actuado como operador.
Son acusaciones graves que, hasta la tarde del martes, no habían recibido una respuesta pública del presidente Paz, de su esposa, de otros miembros de su familia ni del vocero presidencial. Tampoco se había conocido una respuesta de los funcionarios mencionados por Beller.
CENSURA AL MINISTRO DE ECONOMÍA
La segunda sacudida llegó desde el Parlamento. La Asamblea Legislativa Plurinacional censuró al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, después de que este no acudiera a una interpelación en la que debía responder por su gestión económica y por el caso de la adquisición de un vehículo de lujo cuya declaración patrimonial había sido cuestionada.
El resultado fue contundente: 91 legisladores votaron por la censura, 34 en contra y cuatro se abstuvieron, una mayoría superior a los dos tercios.
El número tiene una lectura política inevitable. El Gobierno de Paz no controla plenamente un órgano del Estado que resulta decisivo para su agenda y que ya ha mostrado disposición a utilizar sus mecanismos de fiscalización contra el Ejecutivo.
La censura se produjo, además, en un momento especialmente delicado para la administración. La Asamblea tiene un papel relevante en asuntos que afectan la gobernabilidad y la continuidad de determinadas medidas excepcionales adoptadas durante la crisis de bloqueos de junio, cuando el Ejecutivo enfrentó protestas que exigían incluso la salida del presidente.
El episodio también abre una discusión jurídica. La Constitución boliviana establece que la censura aprobada por dos tercios implica la destitución del ministro interpelado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha limitado posteriormente algunos efectos de la normativa que regulaba automáticamente esa consecuencia.
Por eso, más allá del destino inmediato de Espinoza, el mensaje político de la Asamblea es difícil de ignorar.
En menos de 24 horas, el Gobierno quedó obligado a defender la actuación de sus instituciones mientras uno de los hombres más próximos al presidente afrontaba una investigación criminal y uno de sus ministros recibía una censura parlamentaria.
Cerimedo, además, es una figura peculiar dentro del poder boliviano. Argentino y consultor político, llegó al entorno de Paz sin aparecer formalmente en las planillas del Ejecutivo. Su influencia, sin embargo, se hizo visible hasta el punto de ser considerado asesor directo del presidente.
EL PODER DE CERIMEDO
Ahora esa cercanía está bajo escrutinio. La pregunta que sobrevuela en Bolivia es hasta dónde llegaba realmente el poder de Cerimedo y qué sabía el Gobierno sobre los conflictos que rodeaban su relación con Beller. Pero hay otra, todavía más incómoda, si las acusaciones formuladas desde el hospital contienen pruebas capaces de sostenerse ante una investigación independiente.
El Gobierno tiene ante sí la necesidad de responder a ambas preguntas sin convertir la investigación policial en una batalla política.
Por ahora, el presidente guarda silencio. Y ese silencio pesa más después de una jornada en la que su círculo más cercano quedó salpicado por una investigación criminal, su Gobierno recibió una censura parlamentaria y una mujer herida acusó desde una cama de hospital a personas de su entorno de formar parte de una trama de corrupción.
Para Paz, el problema ya no es una sola crisis. Son varias, simultáneas, y todas apuntan al mismo lugar que es al corazón de su Gobierno.
