TARIJA, 17 ene (El Libre Observador) – La justicia boliviana marcó un nuevo capítulo en el prolongado conflicto judicial que involucra al expresidente Evo Morales (2006-2019). El juez Nelson Alberto Rocabado, del Tribunal Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Tarija, declaró a Morales en rebeldía.
La medida incluye arraigo nacional, congelamiento de cuentas bancarias, anotación preventiva de bienes y la emisión de un nuevo mandamiento de aprehensión.
La audiencia, que inicialmente estaba programada para el pasado martes, fue postergada después de que la defensa de Morales presentara un certificado médico que alegaba un cuadro de bronconeumonía.
Sin embargo, el juez consideró insuficientes las pruebas, señalando que no fueron emitidas por un especialista neumólogo ni dentro del plazo legalmente establecido. Rocabado dictaminó que la supuesta condición de salud no justificaba el reposo absoluto y ordenó proseguir con las acciones judiciales.
El fallo no solo refuerza las restricciones sobre Morales, sino que también pone en marcha procedimientos legales contundentes. Las órdenes fueron remitidas a instituciones como Tránsito, Derechos Reales y la Autoridad del Sistema Financiero para garantizar el cumplimiento del congelamiento de bienes y cuentas del expresidente.
Además, Rocabado designó un abogado de oficio para representarlo, en virtud de la declaratoria de rebeldía.
Según el marco legal boliviano, una persona declarada en rebeldía pierde ciertos derechos procesales, como apelar sentencias dictadas en su ausencia, y se habilita la continuidad del proceso penal sin su presencia.
La defensa de Morales, encabezada por el abogado Jorge Pérez, calificó la decisión judicial como una muestra de persecución política.
Pérez presentó nuevos certificados médicos, incluyendo diagnósticos de cardiología y medicina interna, que sugieren la necesidad de reposo absoluto durante al menos dos semanas. También solicitó al juez visitar personalmente al expresidente, quien se encuentra en el trópico de Cochabamba, protegido por sus seguidores.
La Fiscalía, sin embargo, cuestionó la credibilidad de los certificados, argumentando que Morales ha participado recientemente en actividades públicas, contradiciendo las afirmaciones sobre su deteriorado estado de salud.
Pérez acusó al juez de basar su decisión en información no corroborada, incluso recurriendo a fuentes de internet. Asimismo, denunció que el proceso judicial viola la prohibición de “doble juzgamiento”, alegando que Morales ya fue investigado anteriormente por hechos similares.
El caso, que tiene como telón de fondo denuncias de trata de personas y estupro, se ha convertido en un emblema de la polarización política en Bolivia.
Mientras el gobierno insiste en la independencia judicial, los aliados de Morales aseguran que el proceso es parte de una estrategia para debilitar al líder del Movimiento al Socialismo (MAS).
El desarrollo de este caso continúa generando repercusiones tanto en la arena política como en el ámbito judicial, reflejando la complejidad de un país donde la justicia y la política se entrelazan en un escenario cada vez más controvertido.
