LLALLAGUA, POTOSÍ, 11 jun (El Libre Observador) — Bolivia vive una de las jornadas más tensas del año tras los violentos enfrentamientos ocurridos en la localidad minera de Llallagua, en el departamento de Potosí, donde dos policías perdieron la vida y decenas de personas resultaron heridas, incluidos civiles, durante un operativo de desbloqueo encabezado por fuerzas del orden.
Los hechos ocurrieron en medio de un pulso creciente entre el Gobierno de Luis Arce y sectores radicales afines al expresidente Evo Morales, que exigen su habilitación como candidato para las elecciones de 2025.
El escenario, propio de un conflicto de alta intensidad, deja imágenes difíciles de borrar: policías golpeados por turbas, buses incendiados, vehículos oficiales destruidos por explosiones y detonaciones de armas de fuego en plena vía pública. Todo esto mientras los bloqueadores, parapetados en las serranías que rodean Llallagua, emboscaron a un contingente de agentes que pretendía despejar una ruta tomada desde hace más de diez días.
Las víctimas mortales fueron identificadas como el subteniente Jorge Barrozo Rodríguez y el subteniente Carlos Apata Tola, ambos miembros del Grupo Delta de Oruro. Un tercer oficial, el capitán Daynor Miranda, permanece hospitalizado en estado grave.
El Gobierno ha calificado los hechos como “asesinatos viles” y ha denunciado que los bloqueadores utilizaron armamento letal, incluyendo explosivos y armas de fuego, contra agentes que solo portaban equipos disuasivos no letales.
“Estamos ante una acción criminal y premeditada. Nuestros efectivos fueron emboscados cuando cumplían su deber”, declaró el ministro de Gobierno, Roberto Ríos. El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, añadió que los agresores buscan cercar la ciudad y desestabilizar la región con fines políticos.
Las protestas, lideradas por sectores cocaleros y comunidades afines al expresidente Morales, se han extendido por los departamentos de Cochabamba, Oruro y Potosí. En Llallagua, los pobladores que exigen el regreso de Morales al poder y denuncian una supuesta “traición” del presidente Arce, bloquearon el tránsito por una de las rutas estratégicas del país, que conecta el occidente con el oriente boliviano.
Las consecuencias son evidentes: interrupción del suministro de alimentos, escasez de combustibles y pérdidas millonarias en el transporte y el comercio.
Pero la violencia del martes y miércoles representa un punto de quiebre. Mientras el Gobierno evita hablar de estado de excepción, ha reforzado los operativos de desbloqueo en coordinación con las Fuerzas Armadas. “No se trata de una simple protesta, sino de una acción coordinada con fines políticos. No lo vamos a permitir”, aseguró Ríos.
La población civil, atrapada en medio del conflicto, empieza a expresar su hartazgo. Varios vecinos de Llallagua decidieron apoyar a la Policía en su intento de despejar la ruta, hastiados del aislamiento prolongado. “No hay transporte, no hay trabajo, no hay alimentos. Y encima nos quieren someter con violencia”, dijo un comerciante local citado por medios bolivianos.
Los bloqueos, inicialmente presentados como una “medida de presión pacífica”, han derivado en actos de sabotaje y ataques directos contra las fuerzas del orden. Imágenes difundidas por redes sociales muestran a manifestantes armados golpeando a policías y destruyendo sus equipos.
El Comando Departamental de la Policía de Potosí confirmó que sus unidades actúan bajo protocolos de contención, sin uso de armas de fuego, pero admitió que la situación ha sobrepasado los niveles habituales de confrontación social.
Con al menos una veintena de puntos de bloqueo activos y una creciente polarización en la narrativa pública, Bolivia se adentra en una etapa incierta, donde la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la seguridad interna parecen depender del desenlace de una disputa política cada vez más violenta.
