LA PAZ, 11 jun (El Libre Observador) — En una Bolivia marcada por la fragilidad económica y las tensiones políticas y sociales internas, un nuevo frente de conflicto ha estallado esta semana. El Gobierno ha instruido a los bancos a conceder periodos de gracia o prórrogas en el pago de créditos a quienes se vean afectados por la coyuntura, sin embargo, la banca privada advierte que esta decisión podría dinamitar la estabilidad del sistema financiero y cerrar el grifo del crédito a los sectores más vulnerables.
La medida fue anunciada mediante la Carta Circular 1614/2025 de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). El documento, firmado el 30 de mayo por su directora, Ivette Espinoza, pide a las entidades financieras evaluar las solicitudes de refinanciamiento o reprogramación por parte de prestatarios con dificultades económicas.
Aunque en el papel la medida es discrecional y focalizada, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) no tardó en reaccionar, pues teme que esta decisión siente las bases para un nuevo diferimiento obligatorio como el impuesto durante la pandemia de 2020 y 2021, que permitió a cientos de miles de bolivianos suspender sus pagos sin penalizaciones durante casi un año, pero graves perjuicios a la banca.
“El dinero que prestan los bancos no es suyo, es de los ahorristas”, recuerdan desde Asoban. La frase, simple pero contundente, resume la posición del sector financiero: medidas populistas en apariencia solidarias pueden quebrar la cadena de confianza sobre la que se asienta el sistema de crédito.
HERIDAS DE LA PANDEMIA AÚN SANGRAN
En 2020, durante la emergencia sanitaria, el Gobierno interino de Jeanine Áñez implementó un masivo congelamiento de deudas. Si bien la medida alivió momentáneamente la presión sobre hogares y pequeñas empresas, dejó secuelas como la morosidad elevada, la reducción del crédito nuevo y los balances tensos en muchas entidades financieras.
Hoy, en un país que arrastra una economía con bajo crecimiento, inflación contenida pero volátil, y una caída constante de reservas internacionales, la banca teme revivir aquel escenario.
“Medidas generalizadas pueden desalentar el pago responsable y poner en riesgo el acceso al crédito para quienes más lo necesitan: los pequeños productores, las microempresas, los trabajadores por cuenta propia”, señala el pronunciamiento de Asoban.
ECONOMÍA Y POLÍTICA: UN TERRENO MINADO
El telón de fondo es ineludiblemente político y populista. El Gobierno de Luis Arce, presionado por el descontento social y las divisiones internas con el ala radical del oficialismo liderada por Evo Morales, ha buscado en los últimos meses medidas de alivio que puedan contener la frustración popular. Pero los márgenes fiscales son estrechos y las opciones, limitadas.
La posibilidad de un diferimiento obligatorio, aún no oficializado, se interpreta como un intento de ganar tiempo y oxígeno político, aunque sea a costa de debilitar la confianza en el sistema bancario.
Para algunos expertos, es una receta arriesgada en un contexto de alta incertidumbre preelectoral.
“En lugar de solucionar los problemas económicos, esta medida podría generar más desempleo, pobreza y exclusión financiera”, advirtió Asoban, que insiste en que ya existen mecanismos flexibles para atender casos particulares sin comprometer al conjunto del sistema.
UN DILEMA SIN SOLUCIÓN SENCILLA
Desde la ASFI se intenta matizar esta medida al señala que no se trata de un perdonazo ni de una imposición general, sino de una instrucción para que las entidades financieras sean proactivas ante los casos de prestatarios afectados por causas económicas excepcionales.
Pero en un país con casi el 65% de su cartera crediticia en manos de personas o pequeñas empresas, la línea entre flexibilización selectiva y alivio masivo es, en la práctica, muy delgada.
Mientras tanto, el país sigue atrapado entre dos tensiones: la necesidad de contener el malestar económico y la urgencia de no quebrar los frágiles equilibrios del sistema financiero.
La banca pide sensatez y políticas responsables. El Gobierno busca alternativas en un campo minado por el déficit fiscal, la presión social por la crisis económica y un proceso electoral cada vez más incierto.
