LA PAZ, 8 jul (El Libre Observador) — En medio de un clima político crispado y una economía que lucha por sostenerse tras años de desaceleración, Bolivia enfrenta ahora otro frente de crisis: el invierno. Las autoridades han declarado 92 municipios en situación de desastre natural por las heladas extremas que azotan seis de los nueve departamentos del país andino, provocando graves daños agrícolas, afectando a más de 403.000 familias y cobrando ya víctimas humanas.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, ofreció una evaluación preocupante, además de los 92 municipios en desastre, otros 12 están en emergencia, con un total de 3.557 comunidades impactadas. Las heladas, combinadas con granizadas y nieve en algunas regiones, han destruido cultivos, dejado sin forraje al ganado y aislado a cientos de poblaciones rurales.
“Estamos hablando de seis departamentos afectados: Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija. Las temperaturas seguirán descendiendo durante todo julio”, advirtió Calvimontes.
Las cifras, sin embargo, no transmiten por completo la magnitud humana del fenómeno. En el departamento de Oruro, dos niños pastores murieron por hipotermia esta semana, un recordatorio doloroso de cómo el frío golpea con más dureza a las comunidades rurales más empobrecidas, donde el acceso a atención médica o abrigo básico es limitado.
VULNERABILIDAD RURAL
La situación es especialmente crítica en el altiplano y el sur del país, donde las temperaturas han descendido hasta 24 grados bajo cero en áreas cercanas a la frontera con Chile, según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
La localidad de Mizque, en Cochabamba, registró pérdidas significativas en cultivos básicos como papa y habas. En Potosí, las autoridades reportan daños generalizados en zonas agrícolas, con temperaturas mínimas entre -14 y -16 °C.
Estas condiciones climatológicas extremas no son nuevas para Bolivia, pero su frecuencia e intensidad se han agravado en los últimos años, en lo que muchos expertos interpretan como manifestaciones del cambio climático. Las comunidades campesinas, mayoritariamente dedicadas a la agricultura de subsistencia, están entre las más vulnerables a estos choques meteorológicos.
Sin redes de protección social suficientemente fuertes, sin seguros agrícolas efectivos ni infraestructura adaptada al clima, estos eventos golpean una y otra vez a los mismos sectores: los más pobres, los más alejados y los menos visibles en la agenda política.
EL FRÍO EN UN PAÍS YA BAJO TENSIÓN
La emergencia climática irrumpe en un momento de creciente fragilidad para Bolivia. La economía, que se benefició durante más de una década del auge de las materias primas y un modelo estatal expansivo, atraviesa un período de ajustes forzados. Las reservas internacionales han caído a niveles históricamente bajos, el déficit fiscal sigue alto y el modelo de subsidios a combustibles comienza a mostrar señales de agotamiento.
En el plano político, el país se prepara para unas elecciones generales en 2025 marcadas por la fractura del oficialismo entre el presidente Luis Arce y su exmentor, Evo Morales, quien busca regresar al poder a pesar de crecientes obstáculos institucionales. En este contexto, la gestión de desastres naturales adquiere inevitablemente una dimensión política.
Tarija, uno de los departamentos más afectados, ha sido declarado en desastre departamental. Potosí, por su parte, está en emergencia. Sin embargo, el Gobierno nacional no ha activado aún una emergencia nacional, lo que limitaría la posibilidad de canalizar recursos extraordinarios y asistencia internacional.
El Senamhi ha anticipado que el mes de julio seguirá marcado por temperaturas extremas, particularmente en el occidente del país. Mientras tanto, los gobiernos locales tratan de responder con recursos limitados: entregas de forraje para el ganado, asistencia alimentaria, mantas y brigadas médicas. Pero en muchas zonas, la ayuda llega tarde o no llega.
Lo que ocurre en Bolivia no es una excepción en América Latina. Las olas de frío, sequías e inundaciones se han intensificado en los Andes y la Amazonía, en una región que no siempre logra conectar las advertencias científicas con políticas públicas consistentes. El caso boliviano expone esa brecha con crudeza: pese a décadas de discursos sobre la “madre tierra” y los derechos de la naturaleza, los campesinos siguen enfrentando las heladas con los mismos recursos precarios de siempre.
