LA PAZ, 8 jul (El Libre Observador) — En un país marcado por la inestabilidad política y los persistentes desafíos económicos, el gobierno boliviano ha decidido avanzar con una medida poco habitual en su historial financiero: la regulación integral del ecosistema tecnofinanciero.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) puso en vigencia el primer reglamento nacional para Empresas de Tecnología Financiera (ETF), abriendo formalmente las puertas a la institucionalización de servicios vinculados a pagos digitales, préstamos por plataformas, blockchain y activos virtuales.
Se trata de un paso inédito en Bolivia, donde el sistema bancario tradicional aún concentra buena parte del acceso al crédito y los servicios financieros, mientras que la informalidad y el uso limitado de herramientas digitales han frenado la expansión de modelos fintech que, en otros países de la región, ya son parte del ecosistema cotidiano.
Según datos del Banco Central de Bolivia, más del 60% de las operaciones de pago en 2024 seguían siendo en efectivo.
El reglamento aprobado mediante la Resolución 540/2025 establece, por primera vez, un marco jurídico para que empresas tecnológicas bolivianas o extranjeras puedan operar de forma legal, regulada y supervisada por la ASFI. Incluye disposiciones sobre licencias de funcionamiento, procesos de adecuación, pruebas piloto de servicios emergentes y mecanismos de control para prevenir fraudes y garantizar la transparencia de las operaciones digitales.
“El objetivo es dar certidumbre jurídica y evitar la proliferación de servicios no regulados que operaban al margen del sistema financiero”, explicó Ivette Espinoza, directora ejecutiva de la ASFI.
En los últimos años, en Bolivia han proliferado iniciativas informales que ofrecían productos financieros con base tecnológica, desde billeteras móviles hasta esquemas de inversión en criptomonedas, muchos de ellos sin control institucional ni respaldo legal.
Pero la decisión del gobierno de Luis Arce no se explica únicamente en clave técnica. Llega en un momento en que el país enfrenta un deterioro sostenido de su economía: reservas internacionales en niveles históricamente bajos, creciente presión inflacionaria y una ralentización del crédito privado.
Las fintech aparecen así como una alternativa para revitalizar la oferta de servicios financieros, especialmente entre los sectores que no acceden a la banca tradicional.
El decreto reglamentario también introduce conceptos nuevos para el aparato normativo boliviano, como “activos tokenizados”, “blockchain” y “entorno controlado de pruebas”.
Aunque todavía se trata de un marco general, el Ministerio de Economía ha señalado que en los próximos 40 días se emitirán disposiciones específicas para operativizar la normativa.
A escala regional, Bolivia se había mantenido como uno de los pocos países sin un marco jurídico claro para las fintech. Mientras que Brasil y México lideran en regulación y atracción de inversiones en este rubro, incluso países como Perú, Colombia y Argentina han avanzado en definiciones regulatorias para plataformas digitales de pagos, préstamos o inversiones.
El gobierno boliviano, de orientación socialista moderada, aspira con esta normativa a reducir las barreras de entrada al sistema financiero y fomentar una competencia que dinamice la economía. “La idea es que tanto proveedores públicos como privados puedan ingresar a este entorno digital de forma moderna, pero bajo regulación”, dijo Espinoza.
Sin embargo, el desafío será garantizar que la supervisión estatal logre acompañar la velocidad de la innovación tecnológica. En un país con limitada infraestructura digital, baja bancarización y escaso conocimiento sobre finanzas digitales en la población, el riesgo de que florezcan esquemas fraudulentos bajo la apariencia de legalidad no es menor.
Además, el momento político tampoco ayuda. Bolivia atraviesa una de sus etapas más polarizadas desde la salida de Evo Morales del poder en 2019. La fragmentación del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de gobierno, la presión por el control electoral de 2025 y los cuestionamientos al manejo económico, ponen a la administración Arce bajo constante escrutinio. Cualquier error en la implementación de la normativa fintech podría ser capitalizado políticamente por sectores críticos.
No obstante, la decisión gubernamental parece reconocer una verdad ineludible: el futuro de las finanzas ya no será solo analógico. Bolivia, aunque tarde, comienza a moverse hacia un modelo híbrido, donde lo digital no es un lujo, sino una necesidad para conectar a millones con el sistema económico formal.
