LA PAZ, 23 may (El Libre Observador) – El Gobierno boliviano afirmó este viernes que garantizará el orden público y la estabilidad democrática frente al anuncio de movilizaciones indefinidas convocadas por sectores sociales afines al expresidente Evo Morales.
La advertencia fue emitida por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, quien en una rueda de prensa subrayó que la Policía Nacional actuará dentro del marco constitucional para preservar la paz social y resguardar las instituciones del Estado, especialmente en un contexto electoral marcado por la creciente polarización política.
“Como Gobierno nacional, respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero rechazamos cualquier intento de convulsión que atente contra la vida, la democracia y nuestras instituciones”, declaró Ríos desde La Paz.
Agregó que el Ejecutivo ha instruido un despliegue preventivo de las fuerzas del orden en coordinación con los tribunales electorales departamentales y otras instancias clave del proceso electoral, con el objetivo de blindar el camino hacia los comicios generales del próximo 17 de agosto.
La reacción del Ejecutivo ocurre luego de que dirigentes del llamado “pacto de unidad” —bloque leal a Morales y enfrentado al presidente Luis Arce— anunciaran una movilización nacional “por tiempo indefinido”, a partir del lunes 26 de mayo.
El objetivo declarado: forzar la renuncia del presidente, de los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes acusan de actuar como brazos políticos del oficialismo.
“Vamos a quedarnos en las calles el tiempo que sea necesario, hasta que se vayan todos”, sentenció Enrique Mamani, dirigente de los interculturales, acompañado por otros líderes sociales en una conferencia realizada en Cochabamba.
Según anunciaron, las primeras columnas partirán desde los nueve departamentos y se concentrarán en el centro de La Paz desde las 10:00 del lunes.
La protesta, sin embargo, no es solo política. Los organizadores también denuncian el deterioro de la economía nacional, afectada por una prolongada escasez de dólares, aumento de precios y desabastecimiento de combustibles, factores que, aseguran, agravan el malestar en zonas rurales e indígenas. “El Gobierno nos quiere borrar del mapa electoral, pero en las calles nos vamos a hacer respetar”, declaró Juanita Ancieta, líder de las mujeres campesinas Bartolina Sisa, al cuestionar la inhabilitación de la sigla PanBol, con la cual el sector de Morales intentaba inscribir sus candidaturas.
La crisis actual es el capítulo más reciente de una lucha de poder entre el presidente Luis Arce y su exmentor Evo Morales, quien ha sido desplazado del control del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Tras su exclusión, Morales intentó articular un nuevo bloque electoral con base en sectores populares e indígenas, pero se ha enfrentado a obstáculos judiciales y decisiones del TSE que su facción califica como arbitrarias.
En este clima de tensión, el ministro Ríos también recordó que el Gobierno debió enfrentar el bloqueo legislativo en la Asamblea Plurinacional, lo cual impidió la aprobación de créditos clave para la seguridad interna y el funcionamiento de la Policía. “Se ha intentado sabotear al Gobierno desde el Legislativo y ahora lo hacen desde las calles”, afirmó.
La escalada política ocurre cuando Bolivia transita la recta final hacia las elecciones de agosto, en un escenario donde los principales poderes del Estado se encuentran altamente cuestionados y las calles comienzan a convertirse en un nuevo campo de batalla.
La apuesta de los evistas por una confrontación prolongada podría agudizar la crisis institucional y económica en el país andino, donde los equilibrios democráticos parecen cada vez más frágiles.
El Ejecutivo, por su parte, insiste en que no permitirá que se vulnere el orden constitucional. “Vamos a garantizar que Bolivia llegue a las elecciones con paz, con ley y con seguridad”, concluyó el ministro de Gobierno, mientras la capital se prepara para una semana que podría marcar un punto de quiebre en la crisis política boliviana.
