LA PAZ, 20 ago (El Libre Observador) — Desde Santa Cruz hasta el Beni, pasando por los valles de Cochabamba, la temporada seca ha encendido un paisaje en el que el fuego ya no es una excepción, sino una constante. Este miércoles, el presidente Luis Arce declaró Situación de Emergencia Nacional por los incendios forestales, en un intento de movilizar recursos y frenar una crisis que amenaza con repetirse cada año con mayor intensidad.
El decreto permite acelerar contrataciones, transferir presupuestos y solicitar apoyo internacional. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, detalló que se convocará al cuerpo diplomático y a agencias de cooperación.
Pero más allá de la reacción inmediata, la emergencia vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural: Bolivia es uno de los países más vulnerables al fuego en Sudamérica, atrapado entre la presión agrícola, las políticas de expansión de la frontera ganadera y la debilidad en el control ambiental.
Un país marcado por el fuego
En 2024, Bolivia vivió una de sus peores tragedias ambientales recientes: más de 12,6 millones de hectáreas fueron arrasadas por incendios, una superficie equivalente al 11,5 % del territorio nacional. De ese total, 7,2 millones eran bosques. La mayoría de la devastación se concentró en Santa Cruz y Beni, departamentos que concentran la expansión agroindustrial y, al mismo tiempo, ecosistemas de alta biodiversidad vinculados a la Amazonía y al Pantanal.
El patrón se repite en 2025. Según datos oficiales, hasta mediados de agosto se han detectado más de 700 focos de calor, con incendios activos en al menos tres departamentos. Los más preocupantes arden en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, un santuario natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en Villa Tunari, puerta de ingreso al Chapare.
El riesgo no es solo ecológico. En muchas comunidades campesinas e indígenas, las llamas destruyen cultivos, amenazan viviendas y multiplican problemas respiratorios. La falta de lluvias y los vientos fuertes del invierno austral agravan la situación, convirtiendo la lucha contra el fuego en una carrera desigual.
El debate de fondo
El Gobierno insiste en la necesidad de reforzar la prevención y sancionar el encendido ilegal de fuegos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas apuntan a un trasfondo más profundo: las leyes que facilitan el desmonte y el chaqueo —la quema de pastizales para habilitar tierras agrícolas— han incentivado la expansión de la frontera agrícola y ganadera, generando un escenario propicio para que cada año el fuego se descontrole.
La tensión entre desarrollo y conservación atraviesa la política boliviana desde hace más de una década. Mientras la agroindustria exige más tierras para producir soya, carne y biocombustibles, los defensores ambientales advierten que esa expansión pone en jaque a los ecosistemas amazónicos y chiquitanos, que cumplen un rol clave en la regulación climática regional.
Una emergencia global
La declaración de emergencia en Bolivia no es un hecho aislado. La región amazónica entera atraviesa un año de alta incidencia de incendios, con récords en Brasil y Paraguay. Los expertos advierten que la combinación de deforestación, crisis climática y políticas permisivas crea una “tormenta perfecta” para el fuego.
En este contexto, lo que ocurre en Bolivia tiene repercusiones internacionales: el país custodia extensas áreas de la Amazonía, así como humedales y sabanas que regulan las lluvias y capturan millones de toneladas de carbono. La degradación de esos ecosistemas no solo amenaza a las comunidades locales, sino que compromete compromisos globales de lucha contra el cambio climático.
Un futuro incierto
Sobre el terreno, brigadas de bomberos, militares y voluntarios siguen luchando contra las llamas con recursos limitados. En el Noel Kempff, los socorristas lograron contener parcialmente el fuego, aunque se calcula que tardarán varios días en sofocarlo por completo. La incertidumbre persiste: con septiembre aún por delante, el mes tradicionalmente más crítico, nadie puede asegurar que el país haya pasado lo peor.
La emergencia decretada por el Gobierno busca ganar tiempo, pero también refleja la magnitud del desafío. Bolivia, al igual que otros países de la región, enfrenta la disyuntiva de proteger su patrimonio natural o seguir apostando por un modelo de desarrollo que cada año enciende las mismas hogueras. En medio de esa contradicción, el humo se ha convertido en parte del paisaje.
