LA PAZ, 3 dic (El Libre Observador) — Bolivia alcanzó hasta octubre una ejecución de inversión pública de apenas el 36,5 %, la cifra más baja registrada en los últimos seis años, según datos oficiales del Gobierno.
La cifra —divulgada por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo— revela un desplome en la capacidad del Estado para materializar proyectos programados, un escenario que amenaza con ralentizar el crecimiento económico e incrementar la desconfianza ciudadana.
El viceministro Fernando Moisés Jiménez Zeballos reconoció que al asumir su cargo detectó múltiples fallas estructurales. “Lo que hemos encontrado a noviembre de este año es que el nivel de ejecución del total de la inversión programada alcanza el 36,5%.
Este porcentaje se encuentra muy por debajo del promedio observado en los últimos seis años”, afirmó, subrayando que la actual gestión intentará “reencaminar y mejorar la eficiencia” de esos recursos.
Tras revisar decenas de proyectos, la autoridad identificó problemas recurrentes: muchas unidades ejecutoras carecían de los equipos técnicos y legales necesarios para contratar obras; había una altísima rotación de personal; y abundaba la demora en la elaboración de términos de referencia, requisito vital para iniciar cualquier obra pública. En algunos casos, los proyectos estaban “mal diseñados, mal ejecutados, con escasos mecanismos de supervisión y monitoreo”.
Como ejemplo simbólico de la desidia estatal, el viceministro mencionó una planta cuya construcción quedó paralizada porque nunca se planificó su conexión eléctrica. En otra entidad descentralizada, de 112 proyectos evaluados, 25 presentan “serios problemas de ejecución”, lo que podría derivar en responsabilidad administrativa o financiera si se comprueba perjuicio al Estado.
El retroceso en la inversión pública no se limita a fríos porcentajes: tiene efectos concretos en la infraestructura, la prestación de servicios y la confianza ciudadana. Para regiones vulnerables, la paralización de proyectos —carreteras, puentes, instalaciones educativas o sanitarias— significa postergar años de desarrollo.
A nivel macroeconómico, este tipo de atrasos erosiona la capacidad del país para atraer inversiones y compromete el crecimiento en un año ya marcado por tensiones fiscales y presión sobre los recursos públicos.
Analistas advierten que, si no se implementan reformas institucionales profundas —no solo acelerar trámites, sino garantizar transparencia, supervisión y continuidad técnica— la recuperación podría quedar en promesas. En este contexto, el viceministerio busca impulsar un plan de emergencia para desbloquear proyectos estratégicos antes de fin de año y recuperar credibilidad.
Un desafío para la nueva gestión estatal
El desastre en la ejecución de gasto público evidencia, en últimas, un problema estructural: la fragilidad institucional heredada de gestiones anteriores. Muchas unidades carecían de capacidad técnica; otras operaban con vacíos legales o falta de planificación desde sus inicios. El nuevo gobierno enfrenta ahora el reto de reconstruir estas estructuras, profesionalizar equipos y establecer procesos más rigurosos.
Como advirtió Jiménez: sin mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del gasto público, cualquier plan de desarrollo —sea en infraestructura, salud, educación o servicios básicos— quedará al azar. Por eso, los próximos meses definirán si este 36,5 % es un mal recuerdo o el paso inevitable de un país obligado a reinventar su sistema administrativo.
Bolivia, atrapada entre promesas y realidades, observa con resignación y esperanza: un buen gobierno y una inversión eficaz podrían marcar el despegue; la paralización, en cambio, prolongará por años la espera de sus ciudadanos.
