LA PAZ, 26 sep (El Libre Observador) — Bolivia entra de lleno en la temporada de incendios forestales. Este viernes, el Gobierno de Luis Arce emitió la alerta roja en 18 municipios distribuidos en tres departamentos, en medio de la proliferación de casi 2.000 focos de calor y fuertes vientos que amenazan con expandir el fuego.
El anuncio, hecho por el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, coloca bajo riesgo extremo a once municipios de Beni, cinco de Chuquisaca y dos de Santa Cruz. Se trata de regiones donde la sequía, las altas temperaturas y la deforestación se han convertido en un cóctel recurrente cada año.
“Hoy se han emitido dos alertas: una alerta roja por la posible propagación de incendios forestales y una alerta naranja por vientos que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora”, informó Calvimontes en conferencia de prensa.
La alerta roja, en la normativa boliviana, implica que la emergencia supera la capacidad de respuesta local y requiere la movilización inmediata de recursos militares y estatales. El Gobierno asegura que las Fuerzas Armadas ya están desplegadas en tierra con brigadas especializadas y medios aéreos, incluidos helicópteros, para contener las llamas y crear cortafuegos.
Entre la prevención y la experiencia amarga
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, admitió que el país vive una situación delicada, aunque sostuvo que la respuesta de este año “ha sido inmediata”. “Si mantenemos ese ritmo, podemos estar ante uno de los años con menos hectáreas afectadas, lo contrario a lo ocurrido el año pasado”, afirmó.
El Ejecutivo insiste en que no hay necesidad, por ahora, de solicitar ayuda internacional. Un discurso que contrasta con lo sucedido en 2019, cuando los incendios en la Chiquitanía arrasaron con más de cinco millones de hectáreas y dejaron una huella indeleble en la política ambiental boliviana. Aquella crisis marcó la agenda internacional del entonces presidente Evo Morales y expuso las debilidades estructurales del país en la gestión del fuego.
Cinco años después, el recuerdo de esa tragedia sigue latente. Cada temporada seca reabre el debate sobre la expansión agrícola, los chaqueos y la deforestación que, según organizaciones ambientales, siguen alimentando el círculo vicioso de los incendios.
El mapa de la amenaza
Los municipios en alerta roja están situados en zonas donde convergen ecosistemas frágiles y comunidades rurales vulnerables. En Beni, los incendios amenazan la llanura amazónica; en Chuquisaca, el riesgo se concentra en áreas semiáridas; y en Santa Cruz, en la frontera con la Chiquitanía, las llamas suelen extenderse rápidamente por los pastizales.
Para enfrentar la crisis, el Centro Nacional de Monitoreo Contra Incendios —con base en Santa Cruz— reunió al alto mando militar y autoridades civiles para planificar la segunda fase de intervención: reforzar el monitoreo satelital, rotar brigadas, distribuir equipos logísticos y coordinar con autoridades locales para proteger a comunidades y ecosistemas.
Una batalla que se repite cada año
Bolivia no está sola en esta lucha. En toda Sudamérica, la temporada seca ha multiplicado los incendios forestales en Brasil, Paraguay y Argentina, impulsados por fenómenos climáticos como El Niño y por la presión constante sobre los bosques.
En Bolivia, el desafío se agrava por la tensión entre desarrollo económico y preservación ambiental. El Gobierno mantiene un discurso optimista sobre la capacidad de respuesta, pero las cifras de focos de calor muestran que el problema persiste con fuerza.
“Estamos optimistas porque este año la respuesta ha sido inmediata”, dijo Novillo. Pero la pregunta que resuena, mientras las llamas avanzan sobre 18 municipios, es si esa respuesta alcanzará para contener un fenómeno que se repite cada año con mayor intensidad.
