LA PAZ, 19 nov (El Libre Observador) — El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lanzó este miércoles una acusación que ha sacudido al espectro político del país: su administración, recién instalada, habría identificado “deudas no registradas, compras irregulares y desfalcos millonarios” distribuidos en distintos niveles del Estado.
El comentario, divulgado a través de la red X, forma parte de una narrativa que el Gobierno denomina “reordenamiento estatal” y que, según el mandatario, está revelando un entramado de irregularidades heredadas de dos décadas de gestión del Movimiento al Socialismo (MAS).
“No es fácil desmantelar toda la institucionalidad corrupta que nos dejó el MAS durante veinte años, pero lo estamos haciendo”, afirmó Paz. Desde que asumió la Presidencia, su equipo inició una auditoría interna que, según el propio jefe de Estado, continúa destapando pasivos ocultos y operaciones que no pasaron por los controles oficiales. “Seguimos recabando pruebas suficientes para que estos hechos de corrupción no queden impunes. Estamos empezando a poner la casa en orden”, añadió.
La denuncia reaviva una discusión estructural en Bolivia: la fragilidad de la administración pública y la persistencia de mecanismos informales en la gestión estatal. Paz asegura que, en esta fase inicial, los auditores han encontrado indicios de un “robo” que —según sus estimaciones preliminares— podría superar los 15.000 millones de dólares.
“No estamos transformando el Estado, básicamente estamos haciendo una autopsia”, sostuvo en una de sus declaraciones más comentadas.
Las revelaciones llegan en un momento político delicado, marcado por disputas internas, tensiones económicas y el inicio de un nuevo periodo gubernamental que enfrenta altos niveles de desconfianza social.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reforzó el mensaje presidencial al declarar que el Ejecutivo revisará “hasta el último rincón del Estado boliviano” para esclarecer responsabilidades y transparentar el manejo de los recursos públicos. “En Bolivia se terminó la impunidad”, afirmó.
El relato oficial apunta a trazar una línea de ruptura con el ciclo político anterior. Lo que para el MAS es un discurso “revanchista” y “sin pruebas”, para el Gobierno representa un primer intento de reconstruir la institucionalidad perdida. Mientras se desarrollan las auditorías, distintos sectores esperan que el Ejecutivo precise los alcances técnicos de estas investigaciones, un punto clave para medir la verosimilitud de las denuncias.
El clima público es de expectación. No es la primera vez que un gobierno boliviano denuncia irregularidades heredadas, pero sí una de las ocasiones en que las cifras mencionadas —15.000 millones de dólares— han captado la atención por su magnitud. Paz, de momento, sostiene que todo será verificado antes de remitirse a la Fiscalía, aunque la oposición ya exige la presentación inmediata de documentación.
El país observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos. Si las auditorías confirman los hallazgos, se abriría uno de los mayores casos de responsabilidad fiscal de la historia boliviana. Si no, el Gobierno enfrentaría cuestionamientos por haber utilizado la narrativa anticorrupción como herramienta política.
En cualquiera de los dos escenarios, la denuncia de Paz marca el tono de su naciente mandato: un intento por reconfigurar el Estado a partir de una revisión profunda de su pasado reciente.
