COCHABAMBA, 17 dic (El Libre Observador) — La situación judicial del expresidente boliviano Luis Arce se complica. La Fiscalía de Cochabamba emitió una imputación formal en su contra por el presunto delito de abandono de mujer embarazada, a raíz de una denuncia presentada por la exfuncionaria pública Brenda Lafuente.
El caso se suma al proceso por el desfalco del Fondo Indígena, por el que el exmandatario cumple actualmente detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz.
La imputación, formalizada esta semana por el Ministerio Público, se apoya en el testimonio de la denunciante, quien sostiene que Arce negó su paternidad durante el embarazo e incluso habría alegado ser estéril para eludir responsabilidades.
“Existen suficientes elementos de convicción para atribuirle el delito”, señaló Lafuente, quien denunció haber quedado en “total abandono” durante el periodo de gestación.
La Fiscalía solicitó al juez la imposición de medidas cautelares que incluyen una fianza de 25.000 bolivianos, arraigo y restricciones de comunicación y desplazamiento. La audiencia está prevista para enero, una vez concluido el receso judicial.
El delito de abandono de mujer embarazada está penado en Bolivia con entre seis meses y tres años de cárcel, sanción que puede ampliarse hasta cinco años si se configuran agravantes que afecten al menor.
El caso salió a la luz en septiembre, cuando Arce aún ocupaba la Presidencia. Entonces, Lafuente denunció también el incumplimiento del pago de pensiones familiares y la negativa del mandatario a someterse a una prueba de ADN para establecer la paternidad de un niño que, según su versión, nació de una relación iniciada en 2023. A finales de octubre, la mujer volvió a denunciar públicamente el caso en la sede del Gobierno.
El 4 de noviembre, Arce propuso el pago de una pensión mensual equivalente al 10% de su salario presidencial —2.635 bolivianos— como manutención del menor, según consta en el expediente. Sin embargo, el proceso penal siguió su curso y derivó ahora en la imputación formal.
La nueva causa profundiza el deterioro político y personal del exmandatario, cuya figura quedó fuertemente cuestionada tras su detención preventiva por el caso Fondo Indígena, vinculado a su gestión como ministro de Economía.
En un país marcado por la judicialización de la política, el avance simultáneo de ambos procesos convierte a Arce en uno de los expresidentes con mayor presión judicial de los últimos años y reaviva el debate sobre responsabilidades privadas, poder y rendición de cuentas en la élite política boliviana.
