Marcelo Romano
LA PAZ, 3 feb (El Libre Observador) — En el departamento de Santa Cruz, como en otras democracias frágiles o en tensión, el problema ya no es solo quién gana las elecciones, sino quién controla el relato previo a ellas. A semanas de los comicios subnacionales, la política cruceña vuelve a exhibir una patología conocida: la confusión deliberada entre periodismo y militancia, entre información y operación, entre fiscalización del poder y ejercicio del poder mismo.
La reciente revelación de un periodista de la red José Pomacusi sobre presuntas articulaciones políticas —que involucrarían a Juan Pablo Velasco y a Juan Carlos Medrano en una posible alianza para la Gobernación de Santa Cruz— no es un episodio menor ni un simple chisme electoral. Es un síntoma. Y como todo síntoma, revela una enfermedad más profunda que es la captura del espacio mediático por intereses políticos sin transparencia.
Según lo expuesto, se habla de la existencia de una invitación directa para conformar una alianza electoral, en paralelo a versiones de acercamientos previos de Medrano con el expresidente Evo Morales (2006-2019), con la mirada puesta en los comicios del 2025. Reuniones discretas, intermediarios, coordinaciones estratégicas. Nada de eso es ilegal. Lo verdaderamente problemático es desde dónde se hace y bajo qué identidad pública.
En democracias consolidadas, esta frontera está claramente delimitada. En el Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, cuando un periodista decide cruzar al terreno político, lo hace rompiendo formalmente con su rol anterior. Nadie imagina a un presentador de la BBC diseñando campañas electorales mientras mantiene un micrófono “neutral”. En América Latina, mejor en Bolivia, en cambio, esta transición suele darse sin aviso, sin renuncia y sin rendición de cuentas.
El problema no es que periodistas hagan política. El problema es que pretendan hacer ambas cosas al mismo tiempo. Porque el periodismo no es solo un oficio: es un contrato de confianza con la sociedad. Y ese contrato se rompe cuando quien informa también milita, negocia, alinea y diseña estrategias de poder desde las sombras.
Santa Cruz no es una excepción. Desde Brasil hasta México, pasando por Argentina y Perú, el fenómeno se repite con comunicadores con alta visibilidad mediática que mutan en operadores políticos, consultores de campaña o articuladores de alianzas, sin abandonar del todo el pedestal de la credibilidad periodística. El resultado es devastador porque el debate público se contamina, la crítica se instrumentaliza y la ciudadanía queda desarmada frente a narrativas interesadas.
Aquí la ambigüedad no es ingenua, es estratégica. Mantener la etiqueta de “periodista independiente” mientras se construyen acuerdos políticos permite influir sin asumir costos, moldear opiniones sin someterse al escrutinio que exige la política. Es una forma sofisticada —y peligrosa— de concentración de poder simbólico.
La democracia, sin embargo, no puede sostenerse sobre disfraces. Exige reglas claras, roles definidos y responsabilidad pública. Cuando el periodismo se convierte en una extensión de la maquinaria electoral, deja de ser contrapoder y pasa a ser propaganda con mejor dicción.
Santa Cruz no necesita más silencios calculados ni dobles discursos. Necesita una discusión ética urgente sobre el rol de los medios y sus protagonistas. Transparencia total sobre vínculos políticos, separación estricta entre información y activismo, y una autorregulación real que vaya más allá de comunicados defensivos.
De lo contrario, el riesgo es evidente y ya conocido en otras latitudes: que la prensa deje de vigilar al poder porque ha decidido sentarse a su mesa.
La pregunta final no es retórica, es política y moral: ¿queremos periodistas que incomoden al poder o estrategas de campaña con micrófono insultando la inteligencia de la población a cambio de qué?
