LA PAZ, 3 feb (El Libre Observador) — Tras meses de incertidumbre económica y tensiones sociales, el empresariado boliviano comienza a identificar señales de estabilización en la economía del país. Sin embargo, el diagnóstico está lejos del optimismo. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió este martes que la crisis no ha sido superada y que sus efectos continúan golpeando con fuerza a las familias, a las empresas y a los gobiernos subnacionales.
En una evaluación difundida al cierre del primer mes de 2026, la principal organización empresarial del país reconoce avances que hace apenas semanas parecían lejanos: la reducción del riesgo país, la estabilidad del tipo de cambio, el fortalecimiento de las reservas líquidas del Banco Central y una leve corrección del déficit fiscal.
A ello se suma la normalización progresiva del abastecimiento de combustibles, un factor clave en un contexto marcado por la presión inflacionaria y el malestar social.
El sector privado atribuye estos resultados a un giro en la política económica del Gobierno, que en las últimas semanas adoptó decisiones de alto costo político.
Entre ellas figuran la eliminación de la subvención a los carburantes, la flexibilización de las exportaciones, la apertura de nuevos mercados externos y la devolución de ahorros en dólares, además de acuerdos de financiamiento con organismos internacionales. Para la CEPB, estas medidas han comenzado a restablecer la confianza financiera y a ordenar variables macroeconómicas que venían deteriorándose desde hace años.
Pero el empresariado insiste en que la estabilización no equivale aún a recuperación. El documento advierte que el aumento del costo de vida sigue erosionando el poder adquisitivo de los hogares, mientras que muchas empresas operan con márgenes mínimos, acceso limitado al crédito y una inversión prácticamente paralizada.
En paralelo, los gobiernos departamentales y municipales enfrentan serios problemas de liquidez, lo que restringe la prestación de servicios básicos y la ejecución de proyectos.
Ante este panorama, la CEPB considera imprescindible consolidar los avances y dotarlos de sostenibilidad institucional. Para ello, reclama acelerar la aprobación de normas, reglamentos y procedimientos que permitan que las medidas anunciadas tengan efectos reales y duraderos, así como ampliar la coordinación entre el Gobierno central, las regiones y todos los sectores productivos.
El pronunciamiento incluye también un mensaje dirigido al sistema político, al que pide acompañar el proceso económico con responsabilidad. En particular, exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a priorizar, sin dilaciones, las leyes vinculadas a la reactivación y al crecimiento, en un contexto en el que la polarización amenaza con frenar decisiones clave.
“Bolivia avanza en la dirección correcta, en un momento complejo y lleno de desafíos”, sostiene la CEPB, aunque advierte contra dos riesgos opuestos: el triunfalismo prematuro y la confrontación estéril. Para el empresariado, la verdadera medida del éxito no estará en los indicadores macroeconómicos, sino en la capacidad de traducir la estabilización en bienestar social, crecimiento equitativo y fortalecimiento del Estado de derecho.
