LA PAZ, 19 feb (El Libre Observador) — El Gobierno boliviano ha puesto sobre la mesa una de las reformas fiscales más ambiciosas de los últimos años: un régimen tributario especial para pequeños contribuyentes, la condonación total de deudas acumuladas hasta 2017 y un rediseño del IVA que promete simplificar el sistema y reducir la conflictividad entre el Estado y los contribuyentes.
El proyecto de ley fue remitido a la Asamblea Legislativa y presentado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, durante un congreso empresarial en Cochabamba. La iniciativa busca formalizar a miles de proveedores que operan en la cadena productiva con ventas anuales inferiores a 400.000 bolivianos (unos 57.000 dólares), especialmente en sectores como gastronomía, construcción y servicios.
El nuevo esquema, denominado “SIETE”, unificará el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones (IT) en un único pago bimensual del 5% sobre los ingresos brutos. La adhesión será voluntaria y permitirá emitir factura sin generar obligaciones fiscales adicionales, un incentivo dirigido a quienes hoy permanecen en la informalidad o mantienen una relación intermitente con la administración tributaria.
Pero el aspecto más sensible de la reforma es la condonación de deudas. El proyecto establece el perdón total de capital, intereses y multas para obligaciones tributarias menores a 10 millones de bolivianos acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2017. Para las deudas generadas desde 2018, se eliminarán multas e intereses y se habilitarán planes de pago de hasta 24 meses.
El Gobierno argumenta que la medida permitirá reincorporar al sistema a pequeños contribuyentes que durante años han tenido cuentas congeladas o bienes inmovilizados por deudas antiguas. “Tratamos de traer a esa gente de nuevo”, explicó Espinoza, quien defendió la iniciativa como un paso hacia una economía más formal y sostenible, donde el Estado sea “un aliado y no una tranca”.
La propuesta incluye además un ajuste en el IVA. Actualmente, la tasa efectiva se sitúa en 14,94%. El Ejecutivo plantea hacer explícito el impuesto en la factura y reducir la tasa efectiva a 13%, con el argumento de simplificar el manejo tributario y reducir errores y fiscalizaciones.
Otra modificación clave es la reducción de los plazos de fiscalización, que pasarían de ocho a cuatro años, y la limitación a dos años para que la administración active procesos de control. La intención, según el ministro, es equilibrar la relación entre contribuyente y Estado y evitar lo que calificó como “abusos tributarios”.
La reforma llega en un momento en que el Ejecutivo busca consolidar su narrativa de reordenamiento económico y ampliación de la base tributaria sin recurrir a incrementos de tasas. El desafío político será lograr su aprobación en la Asamblea y demostrar que el alivio fiscal no comprometerá los ingresos públicos en un contexto de estrechez presupuestaria.
Si prospera, el proyecto redefinirá el vínculo entre el fisco y los pequeños contribuyentes, en un país donde la informalidad sigue siendo uno de los rasgos estructurales de la economía.
