LA PAZ, 25 feb (El Libre Observador) — La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en estado de emergencia ante lo que calificó como una “arremetida regresiva” contra los derechos laborales y advirtió que asumirá medidas de presión escalonadas si prosperan iniciativas para modificar la Ley General del Trabajo.
En un pronunciamiento público, la principal organización sindical del país rechazó cualquier intento de reforma a la normativa laboral, que considera una conquista histórica e inalienable del movimiento obrero. “Cualquier intento de vulnerar estos derechos será respondido con medidas de presión”, señala el documento difundido en La Paz.
La central sindical también expresó su oposición a eventuales cambios en la Ley 157 sobre régimen de tierras, al advertir que podrían abrir la puerta al embargo de pequeñas propiedades agrarias mediante mecanismos de bancarización forzosa, afectando el principio de función social e inembargabilidad de la tierra.
Asimismo, exigió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el archivo “inmediato y definitivo” del proyecto de ley denominado “Antibloqueos”, al considerar que busca criminalizar el derecho constitucional a la protesta y la huelga. La COB advirtió que acatará las determinaciones que definan sus bases si la iniciativa continúa su trámite parlamentario.
En su declaración, la organización amplió sus cuestionamientos al ámbito judicial y económico. Demandó al Ministerio Público actuar con transparencia en el denominado caso “Narcomaletas” y en los recientes hechos de narcotráfico detectados en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en el departamento de Santa Cruz.
La dirigencia sindical también denunció una supuesta campaña de persecución política y difamación contra sus representantes por parte del Órgano Judicial y la Fiscalía, en relación con movilizaciones realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
En el plano económico, la COB manifestó su preocupación por la política financiera del gobierno del presidente Rodrigo Paz, al advertir que la contratación de préstamos internacionales “desproporcionados” podría comprometer la soberanía económica y profundizar el endeudamiento del país sin claridad sobre el destino de los recursos.
El pronunciamiento sindical se produce en un contexto de tensiones sociales por la crisis de carburantes y cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina, factores que —según la organización— han generado malestar en distintos sectores productivos y laborales.
Con la declaratoria de emergencia, la COB reabre un frente de presión social sobre el Ejecutivo y el Legislativo. El conflicto plantea un nuevo pulso entre el movimiento obrero y el Gobierno en torno a la estabilidad del marco laboral y la dirección de la política económica, en un escenario marcado por crecientes demandas sectoriales y debate sobre reformas estructurales.
