LA PAZ, 13 may (El Libre Observador) — Las carreteras bloqueadas aíslan nuevamente a la sede de Gobierno boliviana. Desde el altiplano descienden marchas campesinas; en El Alto, miles de manifestantes ocupan avenidas y puntos estratégicos; y en las rutas que conectan a La Paz con el resto del país, decenas de bloqueos paralizan el tránsito de alimentos y mercancías. La consigna que une ahora a sindicatos, campesinos, trabajadores y sectores afines al expresidente Evo Morales es lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La crisis política y social escaló este miércoles a uno de sus momentos más delicados desde que Paz asumió el poder hace apenas seis meses. La Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas, interculturales y grupos evistas endurecieron las medidas de presión y descartaron cualquier posibilidad de diálogo con el Ejecutivo.
“No hay diálogo y no lo va a haber”, afirmó Vicente Salazar, dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, después de sellar un acuerdo de movilización conjunta con la COB.
Según datos de la Policía Boliviana, existen al menos 60 puntos de bloqueo en el país, 47 de ellos concentrados en el departamento de La Paz, donde el impacto económico ya comienza a sentirse en mercados y centros de abasto. El precio de productos básicos como carne y pollo aumentó en las últimas horas debido a las dificultades de transporte y abastecimiento.
La protesta, que inicialmente surgió por demandas sectoriales y el rechazo a la Ley 1720 sobre tierras, derivó rápidamente en una ofensiva política abierta contra el Gobierno.
Desde la localidad de Caracollo partió esta semana una marcha de cocaleros y militantes del movimiento Evo Pueblo rumbo a La Paz. A medida que avanzaba por el altiplano, el mensaje se repetía entre altavoces, pancartas y discursos improvisados: Rodrigo Paz debe dejar el cargo.
“Esta marcha no tiene ningún fin de dialogar ni discutir pliegos. El pedido de renuncia es el clamor del pueblo”, declaró el dirigente campesino Feliciano Vegamonte al inicio de la movilización.
En la ciudad de El Alto, uno de los principales bastiones de movilización social en Bolivia, también se multiplicaron las protestas. Allí, dirigentes sindicales de la COB y los denominados “ponchos rojos”, grupos campesinos aymaras con fuerte capacidad de movilización, protagonizaron marchas y bloqueos mientras advertían con radicalizar aún más las medidas si el Gobierno intenta despejar las rutas mediante la fuerza pública.
Mario Argollo, ejecutivo de la COB, sostuvo que el pedido de renuncia responde al “sentimiento del pueblo” frente a lo que considera incumplimientos y falta de respuestas del Gobierno.
“El pueblo está pidiendo el alejamiento del Presidente de la Casa Grande”, afirmó durante una movilización en El Alto.
El Ejecutivo respondió endureciendo también su discurso. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, descartó cualquier posibilidad de dimisión presidencial y defendió la legitimidad democrática de Paz.
“¿Por qué renunciaría si ha sido democráticamente elegido por millones de bolivianos?”, cuestionó el ministro, quien acusó a sectores movilizados de perseguir intereses personales y desestabilizadores.
La tensión aumentó aún más tras denuncias realizadas por el diputado Edgar Zegarra, del partido Libre, quien presentó a un exdirigente juvenil del MAS que aseguró haber participado en reuniones donde supuestamente se coordinaban acciones para provocar la caída del Gobierno antes de diciembre.
Según esas denuncias, detrás de las movilizaciones existiría un plan para forzar una sucesión presidencial y convocar posteriormente a nuevas elecciones. El Gobierno aún no presentó pruebas judiciales formales sobre esas acusaciones.
Mientras tanto, el senador suplente Nilton Condori emergió como una de las figuras más visibles dentro de las protestas en El Alto. El legislador recorrió puntos de bloqueo, participó en mítines y lanzó discursos cada vez más radicales, incluyendo advertencias sobre una posible “revolución” si el Gobierno interviene las carreteras bloqueadas.
En declaraciones difundidas por medios locales, Condori también provocó polémica al afirmar que “fusilaría” a autoridades universitarias que entregaron un reconocimiento honorífico al presidente Paz, palabras que incrementaron aún más la tensión política.
La administración de Paz enfrenta así una combinación explosiva de presión sindical, movilización campesina, desgaste económico y una narrativa política que comienza a girar alrededor de la legitimidad del Gobierno y la posibilidad de una salida anticipada.
