LA PAZ, 28 abr (El Libre Observador) – Autoridades judiciales de Bolivia aprehendieron este martes al expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y a tres exejecutivos de la entidad, en el marco de una investigación por presuntas transacciones irregulares que habrían generado un daño económico de 124 millones de dólares al Estado.
La información fue confirmada por el fiscal Miguel Cardozo, quien señaló que la medida se sustenta en elementos de convicción recabados por el Ministerio Público sobre la participación de los implicados en operaciones financieras realizadas durante la gestión 2024.
Además de Rojas, fueron aprehendidos el exgerente de Operaciones, Pascual Oswaldo Quelali; el exdirector Óscar Ferrufino; y el exgerente de Política Económica, Sergio Colque, todos vinculados a decisiones relacionadas con la administración de bonos soberanos.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los exfuncionarios habrían aprobado un reglamento interno que permitió la ejecución de operaciones de compra y venta de bonos en condiciones que posteriormente excedieron los límites establecidos. En ese marco, se identificaron al menos siete transacciones realizadas con entidades bancarias.
“Han vendido y han comprado bonos en montos mayores a los que estaban establecidos”, indicó Cardozo en declaraciones a la prensa, al precisar que estas operaciones forman parte del núcleo de la investigación.
El fiscal explicó que tres de los implicados se presentaron a declarar en horas de la mañana y quedaron aprehendidos, mientras que el expresidente del BCB acudió en la tarde, se acogió a su derecho al silencio y fue igualmente detenido.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el propio Banco Central, que alertó sobre posibles irregularidades en la ejecución de operaciones financieras durante la pasada gestión.
El Ministerio Público indicó que continuará con las pesquisas para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades individuales y establecer el alcance del presunto daño económico.
El caso se desarrolla en un contexto de atención sobre la gestión de los recursos públicos y el funcionamiento de las instituciones financieras del país, mientras las autoridades reiteran su compromiso de garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente.
