POTOSÍ, 29 may (El Libre Observador) — La multitud irrumpió en el pequeño módulo policial de Pocoata antes de que llegara cualquier refuerzo. Rompieron puertas, sacaron a los tres detenidos acusados de robar un vehículo y los arrastraron entre golpes hasta el cementerio del pueblo. Allí, en medio de gritos y furia colectiva, los quemaron vivos.
El episodio ocurrió en la localidad potosina de Pocoata, en el norte de Bolivia, y volvió a exponer el deterioro de la seguridad y de la capacidad de respuesta estatal en un país atravesado por casi un mes de bloqueos, protestas y creciente tensión social.
Los tres hombres habían sido arrestados horas antes por policías locales bajo sospecha de participar en el robo de un motorizado. Sin embargo, la indignación de los pobladores escaló rápidamente hasta convertirse en un linchamiento.
Cuando la situación comenzaba a descontrolarse, un contingente policial de apoyo intentó trasladarse desde Llallagua hacia Pocoata, pero no logró avanzar. Según informó el comandante departamental de la Policía de Potosí, Pompeyo Sánchez, los bloqueos instalados en las rutas impidieron el desplazamiento de los efectivos.
“La turba logró sacar a las personas arrestadas antes de que llegue el apoyo policial”, explicó la autoridad.
Horas después, los policías recuperaron los restos calcinados de las víctimas y confirmaron la muerte de los tres hombres.
El caso ocurre en medio de una creciente crisis política y social que mantiene fragmentado al país con más de 80 puntos de bloqueo en distintas regiones. El debilitamiento de la circulación, la falta de abastecimiento y las dificultades operativas de las fuerzas de seguridad comienzan a impactar incluso en zonas rurales alejadas, donde la justicia comunitaria suele imponerse ante la ausencia efectiva del Estado.
En Bolivia, los linchamientos no son un fenómeno nuevo, especialmente en áreas rurales y periurbanas donde persiste una profunda desconfianza hacia el sistema judicial. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten desde hace años que la normalización de estos actos refleja el avance de una peligrosa lógica de violencia colectiva e impunidad.
