LA PAZ, 29 may (El Libre Observador) — Los camiones dejaron de circular hace semanas, las filas por combustible rodean manzanas enteras y los mercados comienzan a vaciarse lentamente. Bolivia entra en una quinta semana de bloqueos y protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz con el diálogo completamente estancado, mientras la crisis política y social se expande por un país cada vez más agotado por la incertidumbre.
Lo que comenzó como una protesta sectorial por demandas salariales y reclamos económicos derivó en uno de los episodios de mayor tensión política que enfrenta Bolivia en los últimos años. Más de 80 puntos de bloqueo permanecen activos en distintas regiones del país, cortando corredores estratégicos y dificultando el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
En La Paz y El Alto, ciudades convertidas en el epicentro del conflicto, el deterioro ya forma parte de la rutina cotidiana. Conductores pasan horas, y a veces noches enteras, esperando combustible. Los comerciantes remarcan precios cada mañana ante la escasez de productos básicos. Algunas farmacias reportan dificultades para reponer medicamentos esenciales.
Las movilizaciones son impulsadas por una amplia alianza de sindicatos campesinos, mineros, fabriles, maestros rurales y grupos afines al expresidente Evo Morales, que exigen la dimisión de Paz y responsabilizan al Gobierno por el deterioro económico, el aumento del costo de vida y la falta de respuestas políticas.
El Ejecutivo sostiene, en cambio, que los bloqueos dejaron de ser una protesta social y se transformaron en un intento de asfixia económica y desestabilización política.
Mientras tanto, los esfuerzos de mediación avanzan sin resultados visibles. La Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos intentan abrir canales de negociación entre el Gobierno y los sectores movilizados, pero las conversaciones permanecen congeladas.
El principal obstáculo es la exigencia de los dirigentes sindicales de recibir garantías contra órdenes de aprehensión antes de asistir a cualquier diálogo. El Gobierno, por su parte, insiste en que las investigaciones judiciales continuarán.
El vicepresidente Edman Lara pidió que ambas partes cedan posiciones para evitar que la crisis derive en una confrontación mayor. Sin embargo, el endurecimiento del discurso político y la presión de las bases movilizadas reducen cada vez más el margen para una salida negociada.
La dimensión económica del conflicto comienza a preocupar incluso fuera de Bolivia. Empresarios y exportadores calculan pérdidas superiores a los 1.600 millones de dólares, mientras economistas advierten que el impacto podría prolongarse durante más de un año debido al deterioro de las cadenas de producción, el comercio y la confianza de inversionistas.
La crisis también empieza a adquirir un rostro humanitario. Brasil y Paraguay enviaron esta semana ayuda alimentaria a Bolivia luego de que el Gobierno instalara puentes aéreos para abastecer a La Paz y El Alto. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió evitar la violencia y priorizar el diálogo para preservar la estabilidad democrática.
Pero en las calles bolivianas la paciencia se consume más rápido que las declaraciones diplomáticas.
Con el país fragmentado por bloqueos, la economía paralizada y el diálogo atrapado en un punto muerto, Bolivia enfrenta una de las semanas más delicadas de su crisis reciente, mientras millones de personas esperan señales de una salida que todavía parece lejana.
