Por Vladimir Huarachi Copa
LA PAZ, 29 may (El Libre Observador) — Si el objetivo declarado del presidente Rodrigo Paz es el diálogo como medio para solucionar los conflictos que ya superan los veinte días, entonces cabe una pregunta fundamental: ¿sobre qué bases se pretende construir ese diálogo?
Las bases esenciales de todo diálogo son el respeto y la confianza. Sin embargo, ambas parecen haberse erosionado. El presidente Paz ha perdido el respeto de los sectores movilizados al calificarlos de vándalos, al desatender sus demandas iniciales, en particular las relacionadas con los combustibles, y al desconocerlos como interlocutores válidos. Resulta paradójico que hoy se margine a quienes ayer lo llevaron al poder, a aquellos con quienes compartía espacios, celebraciones y cercanía en las fiestas del occidente boliviano.
En cuanto a la confianza, esta también se ha visto comprometida. Se debilita cuando el discurso oficial se percibe como inconsistente y cuando se imponen decretos y leyes que favorecen a sectores que no respaldaron su candidatura ni sus promesas. Más aún, en seis meses de gestión, el presidente Paz no ha logrado concretar medidas significativas en beneficio del colectivo social que depositó su confianza en el binomio Paz–Lara.
Entonces, ¿por qué insistir en el diálogo cuando sus pilares fundamentales han sido quebrantados? Y más importante aún: ¿qué acciones concretas está emprendiendo el presidente para reconstruir el respeto y la confianza perdidos?
Es cierto que, en algunos casos, sectores movilizados han vulnerado derechos de otros ciudadanos no movilizados. Esto también plantea interrogantes: ¿están estos grupos renunciando al diálogo al dejar de lado el respeto hacia el resto de la población?
En este contexto, el 25 de mayo el presidente anunció que él y sus ministros reducirían voluntariamente sus salarios en un 50%, como una señal para recuperar la confianza. Asimismo, advirtió que quienes no deseen dialogar deberán someterse a la Constitución, enfatizando que su gobierno no será indulgente.
Aunque esta medida puede interpretarse como un gesto positivo, su efectividad es incierta. Persisten actores clave, como senadores y diputados, cuyos salarios se mantienen en niveles similares y cuya participación durante el conflicto ha sido prácticamente inexistente como representantes directos de la ciudadanía.
Por otro lado, la actitud del presidente genera ambigüedad: mientras convoca al diálogo con una mano, con la otra parece sostener una respuesta de corte autoritario. Esto se evidencia en sus declaraciones posteriores a la abrogación de la Ley N.º 1341, que regulaba los estados de excepción. Tal contradicción no contribuye a generar un clima propicio para el entendimiento, sino que introduce desconfianza y tensión.
Finalmente, cabe preguntarse: ¿a qué responde esta persistencia en una narrativa de firmeza autoritaria? En el marco de iniciativas de seguridad y cooperación continental, podría interpretarse como un intento de coordinar esfuerzos para neutralizar a los sectores señalados como “vándalos”, incluso contemplando escenarios en los que la Policía y las Fuerzas Armadas se vean sobrepasadas o así lo sugieran los asesores más cercanos al presidente.
En definitiva, el llamado al diálogo pierde sustento si no se reconstruyen previamente sus bases. Sin respeto ni confianza, el diálogo no es más que una consigna vacía.
